Con detención preventiva en un establecimiento carcelario fueron cobijados los dos ejecutivos de la IPSI Sol Wayuu, a quienes un juez de la República había dictado orden de captura luego de concluir la primera fase de una investigación por su presunta participación en una conducta de corrupción en lo que tiene que ver con un contrato de $8.000 millones que fue suscrito entre la Alcaldía de Manaure y la IPSI anotada.
En el contrato se pretende la recuperación nutricional de cerca de 8.182 personas que hacen parte de las 2.000 familias establecidas en el acuerdo. Además de la alimentación, los beneficiarios deberían recibir servicios médicos con seguimiento durante los cinco meses, entrega de alimentos y hasta exámenes antropométricos y suministro de agua, para poder enfrentar las enfermedades generadas los efectos de la sequía con el fenómeno del Niño, que fue uno de los más devastadores de los últimos tiempos.
Gerente y revisor de IPS indígena se habrían apropiado de $3.000 millones
Los dos detenidos y ahora asegurados son Julio César Castillo Velázquez, quien ostentaba el cargo de gerente de la IPSI, quien fue un candidato al Senado de la República. El otro detenido es Juan Carlos de La Cruz Ortiz, un contador público que estaba laborando en la misma empresa en el cargo de revisor fiscal y llevaba la contabilidad de la firma.
La Fiscalía en su argumentación para lograr que se les imputaran varios delitos indicó de manera expresa que existe posibilidad de que estas dos personas se hubieran apropiado de manera indebida de 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos. Adicionalmente, se conoció que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad, ni la capacidad logística para ejecutar un contrato de esa magnitud.
Hay evidencias que comprometen
La Fiscalía aseguró que 'el gerente financiero de la IPS habría girado, endosado y cobrado para sí mismo cheques por valor cercano a los $3.000 millones'. También sostiene que subcontrataron con tres empresas la ejecución del 40% del proyecto. Dijo además el ente investigador que '$900 millones de pesos destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%; el agua potable no fue entregada en botellones o envases plásticos, sino que se hizo en carrotanques y de los 8.000 beneficiados definidos hay registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto'.
Los delitos que les imputó la Fiscalía y que fueron acogidos por el juez de control de garantías fueron los de interés indebido celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho.
Castillo fue capturado el pasado sábado 20 de marzo cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Estados Unidos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, y De La Cruz Ortiz fue detenido en una de las calles de Riohacha.
Enfermó y estuvo mal
Castillo Velásquez fue conducido desde Barranquilla a Riohacha por los miembros de la Sijín, mientras que de su compañero de empresa se supo que una vez se le notificó que estaba capturado por los delitos ya señalados, el hombre entró en una situación de tensión que le generó graves problemas de salud, pues venía manejando una enfermedad de alta presión arterial. Primero lo condujeron al hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, pero su salud seguía en deterioro, por lo que lo trasladaron a una clínica de la capital, donde se indicó al mediodía de este lunes que permanecía en recuperación.
Aunque han surgido comentarios en el sentido de que Castillo estuvo a punto de escapar para el exterior, su abogado Alejandro Bernier Vélez aseguró que eso no es cierto y la misma Fiscalía conoce que el procesado tiene un hijo en Estados Unidos, a quien se disponía visitar.
El defensor indicó que estuvo en la audiencia en la que le imputaron a su poderdante los tres delitos y en esa misma sesión hizo apelación de la medida para que uno de los jueces del circuito proceda a resolver la apelación presentada contra el aseguramiento.
'Vamos a demostrar que nuestro cliente no ha incurrido en peculado y no hay sobrecostos, lo que ocurre es que no es lo misma trabajar en Barranquilla, Santa Marta o Riohacha y otra cosa es que un médico tenga que trabajar en las rancherías y sobre todo esas zonas tan distantes de los centros urbanos, donde se hace necesario incluso que cada vez que los médicos van a laborar deben ir acompañados por los guardaespaldas por asuntos de seguridad y eso encarece los servicios', dijo el jurista.
El abogado Bernier ahora espera que el resultado de la apelación le sea favorable a él y su cliente y sostiene que tienen todos los soportes para demostrarle a la Fiscalía que Castillo 'no se ha apoderado de manera indebida de un solo peso'.
