La Contraloría General de la República informó de un hallazgo fiscal por $939 millones, referido al proyecto Marina Esperanza, en Maicao (La Guajira), que tenía por objeto construir 300 soluciones de vivienda VIP para población desplazada por la violencia.
Según el ente de control, no se han iniciado 211 viviendas y 23 se hayan en estado de parálisis.
En este caso, dice la Contraloría, ha transcurrido casi una década de haberse viabilizado el proyecto y los beneficiarios de los subsidios siguen sin obtener una solución de vivienda.
'Lo grave es que esas personas desplazadas han quedado atadas a un proyecto desfinanciado, que se encuentra en alerta roja (completa 6 años paralizado) y presenta recomendación de declaratoria de incumplimiento', indica el organismo.
El hallazgo se dio a conocer al evaluar la gestión del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) para la legalización de los subsidios familiares de vivienda de interés social del programa Bolsas Anteriores.
En total se encontraron 25 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $4.434 millones; 18 con posible incidencia disciplinaria, 1 que da pie a una indagación preliminar y 2 para procesos administrativos sancionatorios.
Otro de los hallazgos fue por un detrimento patrimonial de mayor cuantía por $1.640 millones, que se da en relación al proyecto Urbanización Enraizar III Etapa, en San Pablo (departamento de Bolívar), donde no han sido construidas las 413 viviendas previstas, luego de transcurrir 9 años de haber sido viabilizado y 5 desde la legalización de los recursos destinados para las obras de urbanismo. Hoy está paralizado con apenas un 29 por ciento de avance.
En el departamento de Córdoba hay tres proyectos de viviendas de interés social con hallazgos fiscales que suman más de $846 millones, situados en los municipios de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador.
Según la Contraloría, se evidencia inadecuada e inoportuna gestión por parte de Fonvivienda en el seguimiento de los proyectos de vivienda. Y han sido ineficaces las medidas que ha adoptado para lograr la correcta ejecución de los subsidios.
'Familias vulnerables y objeto de especial protección por parte del Estado, especialmente víctimas de desplazamiento forzado, con subsidios familiares de vivienda asignados desde hace alrededor de una década, continúan sin acceder a una casa digna y permanecen atadas a proyectos que presentan varios años de parálisis en su ejecución', agrega el ente.
