Diversos sectores de La Guajira se han mostrado en desacuerdo con la propuesta que dio a conocer el gobernador, Nemesio Roys Garzón, sobre la conformación de un batallón especial de vigilancia para resguardar la seguridad de los parques eólicos que ya comenzaron a construirse en este territorio.
Cesar Arismendi, quien hace parte de la veeduría de la Sentencia T-302 que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, aseguró que 'proteger de manera estricta a las empresas privadas y a sus inversiones en un departamento que se mantiene en un estado de cosas inconstitucional, es un total despropósito, ya que es poner el monopolio que tiene el Estado en el uso de las armas y sus instrumentos de persuasión al servicio del interés particular'.
Calificó la propuesta de absurda y dijo que esta idea no es propia del gobierno departamental, sino del nacional 'que insiste en la creación de una narrativa esperanzadora de la energía limpia y que no quiere participar de los ruidos de sables y fusiles que muestra la dimensión del rostro gélido y sucio de estas iniciativas medioambientales'.
