La controversia por la desviación del arroyo Bruno, se avivó esta semana entre quienes piden que este vuelva a su cauce natural y Cerrejón, que insiste en lo vivo que está este cuerpo de agua del departamento de La Guajira, a pesar de su intervención.
Desde que la multinacional carbonera anunció, hace cinco años, la implementación del proyecto, que incluyó una modificación parcial del arroyo moviéndolo 700 metros al norte un tramo de 3,6 km, líderes, comunidades, organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos, se opusieron y comenzaron una lucha jurídica para evitar su implementación.
El resultado de esta gestión fue la Sentencia de la Corte Constitucional SU-698 de 2017, a través de la cual se determinó como medida provisional la devolución de las aguas del arroyo hacia su cauce natural, sobre el principio de precaución y preservación de la integridad ambiental del arroyo Bruno.
El alto tribunal concedió el amparo de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno a cargo de la multinacional.
El líder Luis Misael Socarrás Ipuana es uno de los defensores del arroyo y ha exigido permanentemente y de manera contundente que este debe retornar a su cauce natural. Además advierte que 'Cerrejón no consultó a todas las comunidades y los estudios que muestra son del nuevo cauce, pero no informan sobre el daño ambiental y ecológico que hicieron en el cauce natural del arroyo' que nace en la parte alta de la Serranía del Perijá y se encuentra en los límites entre los municipios de Maicao y Albania.
