Recientemente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presentó un informe en el que señalaban, se especificaba en detalle las obras y acciones que realizaría la institución en La Guajira, en especial, la operatividad de los programas de protección integral a menores en condición de vulnerabilidad.
Así lo había ordenado la Corte Constitucional, que había determinado la necesidad de dicho informe como un mecanismo de 'inclusión de la sociedad wayuu en el contexto nacional, con todos los beneficios que ofrece el Estado, pero guardando respeto por su cosmovisión'.
