El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció las graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, además del hacinamiento (2.000%), que se presentan en la Estación de Policía la 19, en Riohacha, La Guajira.
'Este departamento cuenta con 17 estaciones de policía que registran un hacinamiento promedio del 233%. Sin embargo, en la Estación de Policía La 19 de Riohacha nos encontramos con la situación humanitaria más grave, no solo de La Guajira sino de todo el país, con un hacinamiento que llega al 2.000% en esta estación' dijo el Defensor del Pueblo.
'Es infrahumana la situación en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en la estación de policía de Riohacha. Desde la Defensoría dispondremos de un equipo especial de Defensores Públicos y les solicitamos a las autoridades judiciales un plan de descongestión humanitaria para resolver la situación jurídica de los detenidos. Valdría la pena otorgar libertades controladas inmediatas en el marco de lo establecido en nuestra normatividad y garantizando la integridad y el debido proceso', aseguró el Defensor del Pueblo.
Debido a lo anterior, Camargo le solicitó a las autoridades locales trabajar de manera articulada con las autoridades nacionales, particularmente el Ministerio de Justicia, para solucionar esta crisis.
Dentro de las peticiones, destaca la solicitud de adelantar una jornada de salu, ante las alertas por un posible brote de tuberculosis entre otras enfermedades. Asimismo, la urgencia de proveer de baterías sanitarias, dado que los privados de la libertad hacen sus necesidades fisiológicas en bolsas y en botellas.
'Reiteramos que el cierre de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC por la propagación del COVID-19 conllevó a que la problemática histórica del hacinamiento, que durante décadas había soportado el sistema penitenciario y carcelario, se trasladara a las estaciones de Policía y las URI del país', reveló el funcionario.
Los centros de detención transitoria están diseñados, tanto legal como logística y administrativamente, para alojamiento y custodia de las personas privadas de la libertad de manera temporal, con un máximo de reclusión de 36 horas, por orden de la autoridad judicial competente, mientras se define su situación jurídica. Sin embargo, en las estaciones de policía de La Guajira, la Defensoría ha encontrado personas sindicadas que permanece detenidas por más de 2 años.
