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La directora nacional del ICBF, Astrid Cáceres, en un acto de contrición que se llevó a cabo en una de las zonas más apartadas de la península, se comprometió delante un grueso de la comunidad wayuu a resarcir parte de sus derechos por los errores que se han cometido desde el instituto, y a trabajar junto a otras entidades del Estado para mejorar las condiciones de vida de los nativos.