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La licitación pública que se desarrolló para llegar al momento de la contratación del nuevo operador de los sistemas de acueducto y alcantarillado de Riohacha, no se podrían considerar como cosa juzgada, si se tiene en cuenta que la Procuraduría General de la Nación desde el mismo momento en el que se produjo la convocatoria para la licitación ellos se mantuvieron en una posición de control preventivo y cuestionaron varias decisiones que se tomaron en ese proceso administrativo.