En la que quizás sea la más grande encrucijada de su vida profesional y administrativa se encuentra desde este jueves el alcalde elegido popularmente en Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.
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El mandatario, quien fue sancionado con suspensión del cargo por tres meses el pasado 27 de abril por presuntas irregularidades en el desarrollo de la licitación pública para contratar acueducto y alcantarillado, regresó al cargo –tras cumplir la sanción– indicando que lo hacía con base en un oficio enviado al Ministerio Público por el presidente Petro el 25 de julio en el que les informó que no designaría remplazo al alcalde elegido por voto popular, acogiéndose a lo consagrado en el concepto de Control de Convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bermúdez retornó feliz a su cargo y hasta estuvo al frente de un Consejo de Gobierno en su despacho, habló con periodistas y elaboró un comunicado y un video en el que explicó las connotaciones de la emergente figura jurídica de Control de Convencionalidad que aplica CIDH y que él estaba acogiendo.
Esa misma tarde –la de este 27 de julio– la procuradora Margarita Cabello, que ya le había respondido al presidente Petro, emitió una nueva decisión: prorrogar la suspensión del alcalde por tres meses más.
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La jefe del Ministerio Público argumentó que al estar en el cargo podría entorpecer la investigación porque sería la persona que tomaría las decisiones de orden presupuestal y otras administrativas.
Para ese momento, José Ramiro Bermúdez estaba decidido a enfrentar lo que pudiera pasar si usaba la figura usada por la CIDH cuando devolvió los derechos de alcalde al hoy presidente de la República siendo alcalde de Bogotá y suspendido por la misma Procuraduría en el desarrollo de una investigación disciplinaria.
En la nueva sede la Alcaldía de Riohacha, el mandatario municipal y un grupo de asesores, varios de ellos abogados especializados en la materia, estudian la situación.
Aunque está en el despacho y es él quien está al frente, no ha resuelto de fondo la disyuntiva de si se retira y acata la decisión de la procuradora, o se queda y usa el derecho que le podría dar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
