Como consecuencia de una cartera que supera los $77 mil millones, la empresa Air-e anunció que buscará soluciones urgentes con las autoridades locales y departamentales.
La situación por falta de pago es tan crítica que solo 27 de cada 100 usuarios abonan a la factura por los consumos de energía.
Mientras tanto, las pérdidas de energía o robo de energía están por el orden del 32 %, lo que se traduce en $1.800 millones mensuales. Además, algunas personas emplean constantemente vías de hecho para impedir la labor de lectura de medidores, distribución de facturación, gestiones de cobro, reparación de daños y otras acciones comerciales, inclusive con intentos de agresión a contratistas de la compañía. Estas acciones solo perjudican aún más a los pocos usuarios que si pagan el servicio.
La empresa informó que si bien es cierto que los usuarios tienen derechos también tienen deberes, entre ellos el pago oportuno del suministro de energía que consumen en sus viviendas y establecimientos comerciales.
La ley señala que los usuarios tienen la obligación de cancelar el servicio de energía y que no existe exoneración en el pago, puesto que la prestación implica costos que deben ser sufragados por el prestador.
Con las inversiones ejecutadas se ha mejorado ostensiblemente la infraestructura eléctrica pasando de un indicador promedio de 268,76 horas en 2019 a 84,95 horas a cierre de 31 de diciembre de 2022 en la duración de las interrupciones (SAIDI), disminuyéndose las interrupciones en un 68 % en Manaure.
Mientras tanto, en Uribia se pasó de 317,93 horas en 2019 a 79,62 horas a 31 de diciembre de 2022, disminuyéndose las interrupciones en un 75 %.
Además, en cuanto al número de veces que se presentan interrupciones (SAIFI) se ha mejorado en Manaure en un 47 %, pasando de 121,51 veces promedio en 2019 a 64,23 veces promedio a cierre del 2022. Para el caso de Uribia se mejoró en un 40 %, pasando de 148,88 veces en 2019 a 89,94 veces promedio a cierre de 2022.
En otras palabras, cada vez hay menos interrupciones y si se presenta alguna interrupción demora mucho menos. Esta mejora ha sido posible por la inversión de un billón de pesos.
Finalmente, la empresa hizo un llamado urgente a las autoridades para poder seguir garantizando la prestación del servicio en Manaure y Uribia, cuyas comunidades se han caracterizado por no cumplir con sus obligaciones legales.
