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Los indígenas wayuu que se encuentran en estado de gran vulnerabilidad y que tienen sus esperanzas cifradas en la ayuda que ha prometido el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, no van a ser defraudados porque ya está en marcha el Plan B luego de conocerse la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto 1085 que le dio vida jurídica por varios meses a la Emergencia Económica, Social y Ambiental de La Guajira.