A propósito de dos declaratorias de desastre nacional y de los efectos de los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña en el territorio nacional, la Procuraduría General de la Nación convocó a una mesa de trabajo en La Guajira para verificar el estado actual de la prestación de servicio de los bomberos de los municipios del departamento.
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Ante lo encontrado, el ente de control citó a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, el Ministerio del Interior, la Gobernación de La Guajira y la Delegación Departamental de Bomberos, “con el fin de recordar las obligaciones legales en materia de financiación del servicio y generar alternativas para hacer efectiva la prestación de este servicio esencial en todos los municipios de la jurisdicción”.
Se determinó que son precarias las condiciones actuales de prestación de este servicio esencial en el departamento, en el cual más del 70% de los municipios no cuentan a la fecha con contratos o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios, y quienes no han suscrito no garantizan la continuidad y suficiencia financiera necesaria para prestar un servicio eficiente. Además, se señaló que solo cinco de los quince municipios cuentan a la fecha con convenio con los cuerpos de bomberos voluntarios para la prestación de este servicio esencial.
Desde el ente se hizo un llamado al gobernador para que “se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1575 de 2012, concurriendo en la financiación del servicio a los municipios que cuentan con una población inferior a los 20.000 habitantes. Así mismo, para que las inversiones que se adelanten no solo tengan en cuenta la construcción de estaciones, sino también la operatividad y aumento de las capacidades de respuesta de estos organismos de socorro”.
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También se instó a los mandatarios locales a que adopten medidas alternativas “que les permitan garantizar la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias tales como los esquemas asociativos establecidos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), que permite a las entidades territoriales asociarse con el fin de prestar servicios públicos y beneficiarse de la financiación de proyectos conjuntos a través del Sistema General de Regalías”.
