La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilitación por 12 años del exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, tras comprobarse graves fallas en la contratación de obras relacionadas con la red de acueducto y alcantarillado del municipio. Esta decisión, adoptada en segunda instancia, también incluyó sanciones para tres exfuncionarios de su administración.
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El caso se centra en un contrato firmado durante el período administrativo de Bermúdez Cotes (2020-2023), por un monto superior a los 11.000 millones de pesos.
Resultados de la investigación
La investigación llevada a cabo por el órgano de control reveló que la ejecución y planeación del proyecto presentaron serias deficiencias, lo que comprometió la correcta prestación del servicio en la ciudad, particularmente en sus zonas rurales.
Según la Procuraduría, la administración distrital no presentó un plan de obras e inversiones detallado, como lo exige la normativa sectorial. Este incumplimiento dificultó la supervisión del contrato y afectó la calidad y eficiencia del servicio.
Además, de acuerdo con el ente regulador, se descubrió que no se incluyeron especificaciones claras sobre la infraestructura que debía revertirse del operador anterior al nuevo concesionario, lo que generó riesgos para la continuidad del servicio.
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En el fallo, el organismo calificó la conducta del exalcalde como una falta gravísima cometida con dolo. Bermúdez Cotes fue considerado responsable por no garantizar las herramientas necesarias para el control adecuado de la concesión, lo que, según la Procuraduría, comprometió la expansión y mejora del sistema de acueducto y alcantarillado en el distrito.
Otros funcionarios también fueron sancionados
La decisión también afectó a otros exfuncionarios municipales. El exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keyder Freyle Sarmiento, y el exdirector de Contratación, Ronald Neil Pérez Ojeda, recibieron sanciones de 10 años de inhabilidad cada uno. Mientras que, por otro lado, el extesorero municipal, Edén Elí Moscote Roys, fue inhabilitado por 9 años. Estas sanciones fueron impuestas por incurrir en faltas gravísimas a título de culpa.
El fallo destacó que la ausencia de un plan de inversiones y de una estrategia clara para garantizar la cobertura y calidad del servicio público generó importantes limitaciones en el desarrollo de la infraestructura.
Además, la falta de precisión en los términos del contrato dificultó el control de los costos del servicio y el aumento de su cubrimiento.
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Por medio de un comunicado oficial, la Procuraduría enfatizó que estas deficiencias afectaron de manera directa la capacidad de la administración para responder a las necesidades de la población, particularmente en zonas rurales.
“Al no haberse diseñado un plan de inversiones como lo exigen las normas sectoriales, la administración distrital no contó con una herramienta eficiente para vigilar y controlar no solo la ejecución de la concesión, sino, lo más importante, cómo procurar la cobertura, calidad y eficiencia”, señaló el organismo.
