Las imágenes que cada semana se conocen en La Guajira de los sepelios en los que se despiden a los niños wayuu muertos por desnutrición, no se han detenido a pesar de los fallos, sentencias y órdenes para que se tomen medidas sobre el tema.
Desde hace ocho años y hasta la fecha, 4.770 menores dejaron sus vidas en hospitales y rancherías, convirtiéndose en escalofriantes cifras que no han sensiblizado a gobernantes y entidades involucradas en este flagelo.
Al dar a conocer esta triste realidad, el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos afirmó que 'esto es una barbarie'.
Lo hizo en la audiencia pública en la que el alto tribunal, junto a la Procuraduría General de la Nación, abordó en Riohacha las 'problemáticas estructurales' que se describen en la sentencia T302, a través de la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento de La Guajira, donde este año han muerto 39 niños por desnutrición o causas asociadas a esta.
Las razones de estas muertes han sido diversas: la falta de agua, las deficiencias de la atención en salud, falta de alimentos, corrupción, crisis fronteriza e incluso la falta de vías de acceso a las comunidades más dispersas de La Guajira.
Según lo afirmó la Corte Constitucional en esa sentencia, las estadísticas de niños muertos por desnutrición 'confirman una verdad conocida desde hace varios años por los órganos de control, instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil, y es que los niños y niñas wayuu todos los meses mueren de hambre'.
Agrega en la declaratoria de cosas inconstitucionales, que es una situación que tiene múltiples causas y que a la vez debe ser atendida en al menos tres frentes o ejes temáticos: alimentación, agua y salud.
Dice igualmente que esta división temática, acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus medidas cautelares otorgadas a favor del pueblo wayuu en el 2015, también se refleja en los planes del Gobierno nacional formulados en respuesta a las distintas órdenes judiciales.
'En los tres ejes descritos, la situación actual sigue siendo crítica, y han seguido ocurriendo nuevos hechos. Fundamentalmente, han ocurrido nuevas vulneraciones absolutas y definitivas del derecho a la vida de niños y niñas, a pesar (i) de las distintas órdenes que han proferido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, (ii) de los distintos planes, programas, iniciativas, alianzas y acciones del
Gobierno Nacional, (iii) de la acción constante de los órganos de control y de la Superintendencia Nacional de Salud para llamar la atención sobre las irregularidades que dan lugar a desnutrición y en últimas a la muerte de niños, y (iv) a pesar de los recursos presupuestales asignados para la atención de los niños wayuu y a pesar de la movilización de las comunidades y de la sociedad civil para superar esta situación', se lee en el documento de la Corte.
