Lo más duro en la vida es abandonar nuestro territorio a causa del conflicto armado, es muy doloroso tener que iniciar una nueva vida lejos de la comunidad'.
Las palabras son de Álvaro Ipuana, cabildo gobernador del resguardo de Nuevo Espinal, una comunidad tres veces desplazada, y que después de 28 años ha podido establecerse en un territorio propio.
El primer desplazamiento forzado se dio en 1992 debido al riesgo que corrían en el municipio de Hatonuevo, por la explotación de carbón en el Cerrejón.
Las autoridades de salud declararon la región por como inhabitable porque había riesgos para la salud humana, vegetal y animal.
En Barrancas, donde se establecieron, fueron víctimas de la violencia, pues era una zona estratégica para el accionar de los grupos al margen de la ley.
Fernando Antonio Ipuana, autoridad tradicional de Nuevo Espinal, fue asesinado luego de ser aecuestrado y torturado. Doce familias tuvieron que huir y abandonar el territorio.
La comunidad recibió un nuevo golpe en junio de 2013 con el asesinato de los hermanos Ricardo y Tomás Martínez Epiayu. El doble crimen provocó el desplazamiento de los grupos familiares, que se dirigieron hacia varios municipios guajiros.
Después de una lucha intensa finalmente en el 2018, y 25 años después de haberlo solicitado, Nuevo Espinal se formalizó como resguardo indígena de la etnia wayuu en el municipio de Barrancas, y este año la Unidad de Víctimas protocolizó el primer Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) étnico en este resguardo.
