En un documento que será entregado al que sea elegido presidente de Colombia, las empresas del sector extractivista del país le pedirán que se amplíe el mecanismo de Obras por Impuestos y se reforme el régimen de regalías para que también se puedan pagar a través de obras.
Así lo afirmó el presidente de Cerrejón, Roberto Junguito, quien explicó que la propuesta se está estructurando con estas dos iniciativas que, según él, beneficiarán a las regiones productoras.
'Es una propuesta concreta que se estará entregando una vez se cumpla la elección del nuevo mandatario del país, para que se abra esa ventana de oportunidades para departamentos como La Guajira', aseguró Junguito.
El presidente de El Cerrejón dijo que lo que paga la multinacional por impuestos cada año son unos 300 millones de dólares, cifra similar a lo que paga por regalías, por lo que 'serían unos recursos que llegarían al departamento y se beneficiarían sus habitantes'.
Actualmente en esta modalidad, se pueden financiar inversiones por un monto de hasta el 50% del impuesto de renta a cargo de una vigencia.
Junguito indicó que se establecerían alianzas entre los departamentos productores para concretar una reunión con el gobierno nacional y plantear esta gran propuesta.
Señaló igualmente que se propondrá que Obras por Impuestos llegue a todos los municipios guajiros, ya que actualmente solo están incluidos nueve en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC.
En marzo de este año, después de la evaluación de los proyectos presentados, la Alta Consejería para el Posconflicto, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación ((DNP), dieron a conocer 27 proyectos de inversión que serán financiados mediante esta figura que fue adoptado con la reforma tributaria de 2016, en el cual se permite el pago del impuesto de renta mediante la ejecución de inversiones en proyectos de trascendencia social.
Entre estos estaba la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable del acueducto de Riohacha, que será financiada por Cerrejón por valor de $5.679 millones, incluyendo la interventoría que tiene un valor de $395 millones.
