El Juez Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Riohacha otorgó la libertad provisional por vencimiento de términos al líder wayuu Javier Rojas Uriana, quien está acusado por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Rojas fue privado de su libertad en abril del 2019 en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto 'Fortalecimiento de la economía tradicional en el Resguardo de la Media y Alta Guajira', cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de 200 familias wayuu, a través de la provisión de logística e insumos para la pesca artesanal, cría de ovinos, caprinos y producción de artesanías.
Según su abogado Diego Fernando Duque Zuluana, Javier Rojas Uriana 'encarará la investigación en compañía de su defensa, con el objetivo de demostrar de manera absoluta su irrestricto y permanente compromiso con la comunidad que ha representado y de la que hace parte'.
De acuerdo a la Fiscalía, la investigación que realizó un fiscal de la Dirección Seccional de en La Guajira permitió evidenciar la presunta apropiación de por lo menos $1.000’000.000 de un convenio por $2.223’000.000 celebrado entre la Asociación Shipia Wayuu —cuyo representante es el hoy procesado— y el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), entidad que aportó $1.448’000.000 del total.
Sin embargo la defensa de Rojas Uriana afirmó que todas las actividades se llevaron a cabo 'con la debida y oportuna gestión del líder wayuu y los demás intervinientes en el convenio'.
Paralelamente al proceso penal por la jurisdicción ordinaria, las autoridades tradicionales wayuu promovieron un conflicto de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que el líder sea juzgado de acuerdo al Sistema Normativo Wayuu en aplicación del Art. 246 de la Constitución Política de Colombia.
Rojas Uriana, líder de la Asociación Shipia Wayuu ha denunciado constantemente la muerte de niños wayuu por desnutrición y la crisis humanitaria por la que atraviesa la etnia, no solo a nivel nacional, sino internacional.
Fue el peticionario de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu, en La Guajira, frente a temas que los aquejan como la desnutrición infantil, la falta de agua y el acceso a un buen servicio de salud.
