El próximo nueve de julio en Riohacha se llevará a cabo la Audiencia Pública Regional sobre 'Conflictos ambientales y vulneración a los derechos a la salud, agua, soberanía alimentaria y a la participación', debido al proyecto de Cerrejón que incluye la desviación del cauce del arroyo Bruno.
La audiencia fue convocada por los senadores Jorge Robledo, Iván Cepeda, Aida Abella, Alberto Castillo, Feliciano Valencia y Alexander López Maya, quienes explicaron que esta tiene como objetivo debatir sobre los conflictos socioambientales y la vulneración de derechos fundamentales, centrando especial atención a la Sentencia SU-698 de 2017 de la Corte Constitucional.
En esta se obliga a realizar una mesa interinstitucional como medida provisional, restablecer el paso de las agua por el arroyo Bruno, mientras se realizan los estudios técnicos para resolver las 'incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto'.
También esperan conocer el cronograma detallado del funcionamiento, hallazgos, actas y responsabilidades de la mesa interinstitucional, así como los mecanismos proyectados para garantizar la participación efectiva y decisoria de las comunidades que presentaron la acción de tutela.
'Se espera generar un escenario de diálogo intercultural en el que puedan intervenir representantes de la comunidad étnica y expertos independientes con conocimiento en el tema, así como entidades competentes en tal asunto, los cuales permitan visibilizar distintas posiciones ante la opinión pública regional y nacional', se indica en la convocatoria.
Han sido invitados el ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, la Autoridad de Licencias Ambientales ANLA, el Ideam, Corpoguajira, el ministerio del Interior, el IGAC, la gobernación de La Guajira, las alcaldías de Albania y Maicao, así como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
El pasado 30 de abril Cerrejón informó que fue notificado del fallo de la Corte Constitucional que ordena dar continuidad a una mesa interinstitucional integrada por 17 instituciones nacionales y regionales y concede el amparo a los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno.
Esta mesa debe realizar un estudio técnico que ofrezca respuesta a las incertidumbres expresadas por la Corte, lo cual es fundamental para resolver la continuidad del proyecto La Puente, que incluye la modificación parcial de 3.5 km del cauce del arroyo Bruno, obras que se encuentran suspendidas según lo ordenó en la decisión.
En el fallo, que fue dado a conocer en el 2017, se ordena que se deben abrir espacios de participación suficientes para a los representantes de las comunidades accionantes, así como a las instituciones y al personal técnico que intervino en este trámite.
