Por considerar que se tiene un suficiente acervo probatorio, la Fiscalía General de la Nación ordenó la medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra del gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
Kiko Gómez, que fue remitido a la cárcel La Picota de Bogotá, había sido capturado con fines de indagatoria el pasado 12 de octubre, cuando participaba de las Fiestas del Carbón en el municipio de Barrancas.
Este caso es adelantado por dos fiscales, el 11 delegado y Martha Lucía Zamora, quien le explicó a EL HERALDO que el ente acusador cuenta con una larga lista de testimonios y pruebas que comprometen al mandatario departamental y que por tal razón se ordenó el traslado a un centro de reclusión con estrictos controles de seguridad.
Zamora aclaró además que las celdas del búnker de la Fiscalía son solamente sitios de paso, donde no es posible cumplir la encarcelación.
Sobre esta decisión judicial, Iván Cancino, abogado de Kiko Gómez, manifestó a algunos medios radiales que la defensa trabajará para desmentir a los testigos, quienes, en su concepto, han incurrido en grandes contradicciones.
Cancino prevé que se viene un proceso largo, y que en el caso de su defendido, han concurrido una serie de intereses para sacarlo del círculo político.
Respecto a la posible renuncia de Gómez Cerchar a la Gobernación, el abogado aseguró que aún no ha hablado con él sobre el tema, y que es función del presidente Juan Manuel Santos escoger un mandatario encargado mientras el partido Cambio Radical establece la terna para que sea el propio primer mandatario el que determine al sucesor de Gómez Cerchar.
Vale recordar, y tal como lo explicó a este diario el experto jurista Pablo Rodríguez, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos por los cuales se investiga a Kiko Gómez, este viene siendo procesado bajo la Ley 600, anterior Código de Procedimiento Penal (CPP), un sistema inquisitivo que le daba a los fiscales la facultad de proferir medidas de aseguramiento.
Los delitos por los que inicialmente la Fiscalía sindica a Kiko Gómez ocurrieron antes del primero de enero del 2005, cuando entró en vigencia la Ley 906 de 2004 o nuevo CPP.
Entre otros hechos, el gobernador guajiro está señalado de haber participado en los homicidios del concejal de Barrancas Luis López Peralta, en 1997; y de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, campesinos guajiros asesinado en Fonseca en el año 2000.
Así mismo, se le investiga por presuntos vínculos con bandas criminales al mando de alias Jorge 40 y Marco de Jesús Figueroa, alias Marquito, hoy prófugo de la justicia.
En buses. En nueve buses de transporte intermunicipal llegaron al búnker de la Fiscalía más de 200 simpatizantes de Kiko Gómez con el ánimo de respaldarlo y pedir que la justicia le brinde todas las garantías al hombre de quien dicen 'ha hecho más por La Guajira que cualquier otro mandatario'. Cecilia Bernal, una de las líderes de la caravana que salió el lunes en la mañana, le contó a este diario que la movilización ciudadana es espontánea y que no fue financiada por el gobernador.
