Se ordenaron las primeras medidas de aseguramiento con detención preventiva en una cárcel por el desfalco al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en La Guajira.
Un juez de control de garantías de Bucaramanga, ordenó recluir en prisión a María Isbelda Hernández, supervisora de contratos del ICBF Guajira, Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación Un Mejor Vivir y Ramiro Lizarazo, proveedor, quienes son acusados de haber participado en un desfalco de 2.217 millones de pesos al programa de atención a la primera infancia en La Guajira.
Ellos están sindicados de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
El otro capturado por este hecho, Robinson Antonio Román, había sido dejado en libertad porque en el momento de la captura escribieron mal su apellido y le habrían puesto Ramón.
Hoy continúa la audiencia de los otros 11 capturados por defraudación al sector salud en el municipio de Albania, quienes son acusados de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por hechos ocurridos en Albania, La Guajira, durante 2011 en la administración de Yan Kéller Hernández.
