Un presunto patrimonial fiscal por $637.000 millones por la gestión antieconómica que ha presentado el Proyecto de construcción de la represa del Río Ranchería, en el departamento de la Guajira, determinó la Contraloría General de la República.
Según el organismo esto se debe a que se ha incumplido con buena parte de los objetivos y fines con que inició este proyecto hace 13 años.
'La suma en que se cuantificó este hallazgo fiscal equivale al valor de construcción de la Presa 'El Cercado', correspondiente a la Fase I del proyecto, que incluye también las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan (aún sin construir)', indica la Contraloría en un comunicado.
En una auditoría de cumplimiento a esta obra, el organismo asegura que a pesar que las obras contratadas fueron ejecutadas (con ostensibles retrasos y costos muy superiores a los previstos inicialmente), no se logró el objetivo trazado inicialmente.
Actualmente la única función que hoy cumple es regular el caudal del Río Ranchería, pero no se han concretado los otros objetivos planteados con el documento CONPES 3362 del 14 de julio de 2005, que lo declaró de importancia estratégica para el país.
Estos eran el suministro de agua potable a nueve municipios de La Guajira (San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania), así como la construcción de los distritos de riesgo y la instalación de una microcentral hidroeléctrica.
En el informe de auditoría realizado por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, se manifiesta la preocupación ante el hecho de que no se evidencian gestiones efectivas para la consecución de recursos que garantice la terminación del proyecto; situación que afecta no solo la política agropecuaria, sino la calidad de vida de la población beneficiaria.
La primera parte de la obra, cuyo diseño fue premio Nacional de Ingeniería en el 2006, tuvo un costo de $637.369 millones, se inauguró en el 2010 y desde entonces se ha estado esperando su terminación para que muchas comunidades en La Guajira se beneficien de ella.
Según la Contraloría, este valor significa un aumento en $470.803 millones de pesos respecto al inicialmente establecido en los contratos de obra e interventoría.
Así mismo, el plazo de ejecución fue reformado al pasar de 71 meses a 100 meses y 20 días para obra; y de 72 meses a 106 meses y 27 días para interventoría.
El organismo también indica que ha faltado mayor gestión para concretar la Fase II del Proyecto, por lo que determinó también un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria.
En el Documento Conpes 3362 de 2005, se estableció que los diseños de los sistemas de riego, drenaje y vías a nivel principal, secundario y predial, quedarían disponibles, para que otras instituciones públicas y/o privadas llevaran a cabo su construcción.
'No obstante, se observó que si bien se adelantaron algunas contrataciones por valor de $10.983,7 millones de pesos, tendientes a dar continuidad a la Fase II del proyecto, las mismas no fueron eficientes ni eficaces, para lograr los resultados esperados', indica la Contraloría.
En septiembre del año pasado la Agencia de Desarrollo Rural afirmó que para completar la obra se necesitan $500.000 millones y que se optaría por una alianza público privada para lograrlo.
