El gobierno nacional a través del Conpes 3984 emitido el 20 de febrero extendió por dos años más la intervención de los servicios de salud, educación, alimentación escolar y agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira, los cuales habían sido sometidos a esta medida correctiva hace tres años.
En el documento se argumenta que a pesar de los avances alcanzados por los gobiernos territoriales, persisten riesgos y rezagos en el desarrollo de la medida que se tomó el 21 de febrero de 2017 en el Documento Conpes 3883.
Se agrega que se podrá solicitar a la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del ministerio de Hacienda y Crédito Público el levantamiento de la medida durante su vigencia (previo al vencimiento) cuando las condiciones y mejora de la prestación del servicio lo permitan, según el seguimiento que se realice.
Esta medida se adoptó por parte del gobierno nacional hace tres años con el objetivo de asegurar la continuidad, cobertura y calidad de estos servicios, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por un periodo de 3 años.
'Esta decisión fue tomada en el marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que ejecutan las entidades territoriales, definida en el Decreto Constitucional con fuerza de Ley 028 de 2008, que identificó la persistencia de eventos de riesgo en la prestación de los servicios, a pesar del establecimiento y ejecución de las medidas preventivas', se indica en el documento.
'La medida es excesiva': gobernador de La Guajira
El gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón consideró que la medida correctiva por dos años es excesiva, pero dijo que 'ratificamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para cumplir lo antes posible con los indicadores restantes, de tal forma que se puedan ir levantando las intervenciones progresivamente y antes del nuevo plazo establecido'.
Aseguró que el gobierno nacional amplió la intervención sobre todo porque los compromisos que tenía la administración departamental no se cumplieron.
'El tema más crítico es el de salud en el cual el departamento no saber cuánto debe, tenemos unos cuartos llenos de cajas con facturas y no sabemos cuánta plata y por qué concepto se deben, por lo que hay que hacer un inventario y contratar una empresa de auditoría para saber cuánto debemos pagar y cuánto puede poner el gobierno nacional', explicó.
Añadió que en educación es mucho lo que se ha avanzado y que el sector de agua potable necesita mucho más tiempo porque hay que seguir haciendo inversiones.
Por su parte la representante a la Cámara María Cristina Soto manifestó su preocupación por la ampliación de la medida y dijo que 'no entendemos cómo se pretende prorrogar por dos años más cuando en informes de educación se avanzó en un 98% y en salud en un 77% no dependiendo de recursos nacionales, sino de recursos propios territoriales'.
