La Fiscalía General de la Nación estableció en 2016 que los abusos sexuales constituían una 'situación sistemática contra menores de las comunidades indígenas' y dio a conocer, en el mes de abril pasado, los resultados de una escandalosa investigación por 38 casos de violencia sexual en la etnia wayuu, lo que indignó a toda la comunidad del departamento de La Guajira.
Cuando faltan dos meses para cumplirse un año de esta denuncia, hay en la actualidad nueve capturados cuyos casos están en etapa de juzgamiento, a la espera de la respectiva condena, de acuerdo a los delitos por los cuales fueron acusados.
Esto lo dio a conocer una fuente de la Fiscalía que anunció que en el primer trimestre de este año el ente acusador capturará a diez más de los implicados en estos hechos que se registraron entre los años 2014 y 2015.
En ese entonces fueron capturados Yeison Rafael Acosta Valdés, imputado del delito de acto sexual abusivo; Rafael Epiayú, investigado por acto sexual y acceso carnal abusivo con menor de 14 años; Luciano Guevara, por acceso carnal violento agravado y acto sexual abusivo; Mario Euderive Barros y Cristian Caleb González Freyle, por acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años.
Igualmente, Eugenio Epiayu, Octaviano Del Toro Epieyu y Alfonso Mengual Epieyu. También fue enviado a la cárcel Luis Elimenes Deluque Baquero, quien afronta cargos por acceso carnal abusivo.
De acuerdo con la Fiscalía, actualmente, en dos de los casos se están reestableciendo los derechos de las víctimas con la comunidad wayuu y hay uno de los casos en que se pidió la preclusión de la investigación porque el acusado, quien tenía orden de captura, murió en Santa Marta.
El ente acusador precisa que esta es una investigación que tiene prioridad y en la que continúa trabajando para poder dar resultados en todos los casos.
Por su parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, informó que de los 38 casos por abuso sexual a niñas wayuu, 12 fueron remitidos a las comisarías de familia por competencia territorial.
'En los 26 restantes se hicieron las actuaciones pertinentes, brindando a las víctimas y a sus familias toda la intervención psicológica y orientación social requerida para cada caso. De igual manera, se adelantaron las acciones para la verificación de los demás derechos de las niñas tales como educación y salud, de tal forma que fueran garantizados', informó el Instituto.
Precisó que de estos, 16 fueron casos cerrados con el reintegro de las niñas y adolescentes a sus familias de origen, 'dado que los Defensores de Familia encontraron las condiciones como garantes de derechos. Los otros 10 continúan en seguimiento por parte de los equipos psicosociales'.
Son delitos grave
En el sistema normativo de la cultura wayuu los abusos sexuales son considerados un grave quebrantamiento de sus normas sociales, por lo que la noticia que se divulgó en abril del 2016, sobre el presunto abuso a 38 de sus niñas, causó indignación.
Sin embargo, según reflexiones del antropólogo wayuu Weildler Guerra Curvelo 'los indígenas observan el sistema judicial colombiano con desconfianza debido a lo dilatado e incierto de los procesos jurídicos cuyo sistema de castigos no garantiza que se dé una paz efectiva entre los grupos familiares enfrentados, ni restablece la dignidad de la parte ofendida'.
En estos delitos también hay una consideración importante y es que se trata de menores de edad, uno de los tres grupos que más protege y defiende la etnia wayuu. Los otros dos son las mujeres y los muertos.
Guerra añade que 'quien diga que las violaciones hacen parte de la etnia comete una infamia' y agrega que los acusados por estos casos deben pagar si son encontrados culpables, sin embargo, aclara que 'una idea muy extendida en Colombia es asimilar la idea de cárcel con la de justicia y la privación de la libertad no es parte de la esfera de los acuerdos wayuu'.
También dice que para los wayuu los establecimientos penitenciarios son percibidos como lugares de aislamiento social, de atiborramiento y de ocio, carentes de legitimidad. 'Es frecuente que los hombres Wayuu expresen ante la amenaza de ser encarcelados: 'somos acaso sobrinos de los alijuna (persona no indígena) para que estos puedan encerrarnos en sus casas y tengan derecho a castigarnos'.
Sin embargo, la Fiscalía afirma que 'se tratan de hechos que escapan por completo de la jurisdicción indígena, como quiera que la violencia sexual contra menores de edad no hace parte de los usos y costumbres de los wayuu' y agrega que se continuará estos procesos, hasta tanto el Consejo Superior de la Judicatura indique lo contrario frente a un posible conflicto de jurisdicción que se proponga en el momento procesal pertinente.
Ignacio Epinayu wayuu del clan Pushaina, aseguró que 'quienes argumentan que los embarazos de niñas menores de 14 años obedecen a razones culturales distorsionan la esencia del encierro como institución de nuestro sistema cultural; quien viola y embaraza a niñas wayuu no son más que violadores que usan la máscara de 'lo cultural' para evadir impunemente los castigos que realmente merecen'.
Dice en su condición de wayuu y tío materno de varias niñas indígenas que no hay excusa para justificar el atropello físico y psicológico del que es objeto la mujer wayuu negándole el legítimo derecho que tiene al deleite de su infancia.
Explica que 'siendo muy pequeñas las llaman Joukalü, cuando ya están creciditas y antes de llegar a la edad de su primera menstruación se les dice Jintulü o Jimoolü y es en esta edad donde se produce el ritual del encierro, la etapa más crucial de la existencia de la mujer wayuu'.
'Es aquí donde la niña se prepara espiritualmente y físicamente para ser mujer en unos cuantos años más de maduración física y psicológica. Por lo tanto, la institución-encierro no es una fábrica de objeto-mujer para uso inmediato al periodo de encierro', explicó.
La defensora de los derechos humanos e indígenas Karmen Ramírez Boscán tiene una teoría y es que 'los abusos sexuales a las wayuu comenzaron cuando llegaron los paramilitares a La Guajira'.
Desde Suiza, donde se encuentra hace varios años afirmó que lamentablemente siempre fue difícil manejar el tema por cuestiones de honor en las familias y que es triste que solo 38 casos hayan podido ser investigados.
Reflexiona sobre la solución al problema y manifiesta que aunque 'el Estado debe tomar cartas en el asunto, el pueblo wayuu debe iniciar transformaciones y deben ser las mismas mujeres, quienes juzguen y condenen estos actos'.
