El 30 y el 31 de octubre se hará en el Hotel El Prado de Barranquilla la subasta pública de 33 bienes incautados al narcotráfico, con un valor total de $2.947 millones.
Representan casi la mitad de las propiedades que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) rematara entre el 21 y 29 del mismo mes en todo el país (son 77, en total), como parte de un plan llamado ‘Bodegazo’, diseñado para incrementar los recaudos de la entidad.
En Barranquilla, se trata de locales comerciales y plazas para garaje en edificios de la manzana comprendida entre las carreras 54 y 55 y las calles 72 y 74.
Así lo informó Diego Sierra, abogado del departamento de Ventas de la DNE y encargado de finiquitar este proceso en Barranquilla y otras ciudades de la Costa Caribe.
Explicó que la elevada concentración de bienes en Barranquilla no se debe a que los narcos adquirieran más propiedades en esta ciudad, sino a que los procesos judiciales de extinción de dominio se llevaron con mayor celeridad.
Los bienes a subastar este mes han permanecido bajo el cuidado de la DNE durante los últimos 10 ó 15 años, en muchos casos arrendados a particulares durante todo ese tiempo, de manera que generaran rentabilidad para su propio mantenimiento.
El abogado de la DNE puso de ejemplo el Edificio Corpavi, en el cual ha funcionado desde hace más de una década el canal regional de televisión Telecaribe.
Informó que no existe la menor posibilidad de conceder favoritismos. La subasta debe ser transparente y ajustarse al Decreto 0734 de la Superintendencia de Industria y Comercio. No se contempla otorgar la primera opción de compra a los actuales usuarios de estos inmuebles.
Todos de Sheila Arana. Otros inmuebles previstos para remate son vecinos del Edificio Corpavi, tales como el Centro Ejecutivo I (conocido como Edificio Miss Universo en Barranquilla), el Centro Ejecutivo II y el Edificio Boulevard. Tanto el Edificio Corpavi como los demás mencionados, antes de ser extinguidos fueron propiedad de Sheila Arana de Nasser a través de su firma Promocón, así como lo fue también el Hotel El Prado.
De hecho, todas las propiedades que saldrán a subasta en Barranquilla son plazas de garaje y locales comerciales deslindados en la lista de la DNE pero que se encuentran en los mencionados edificios que fueron propiedad de Shelia Arana y de su esposo, el difunto narcotraficante Julio César Nasser David.
Aparte de los bienes incautados en Barranquilla, en la lista de la DNE solo aparecen en la Costa Caribe cuatro propiedades ubicadas en San Andrés y Providencias. Se trata de lotes en la Avenida Colombia y en la calle 4 de San Andrés.
Quienes deseen participar de la subasta deben identificar el bien de su interés, agendar una cita para visitar la vivienda, lote o local, y diligenciar el formato de oferta. Además, debe consignar el 20 % del precio base de venta y presentar la oferta en sobre cerrado en la oficinas de Cali o Bogotá. Luego, asistir a la audiencia.
El método de subasta se hará a través de ofertas en sobres cerrados, de las cuales sólo se dará a conocer la más alta antes de escuchar nuevas ofertas.
Posibles fraudes. Sierra advirtió que uno de los ‘goles’ que las personas sin escrúpulos intentan anotar durante estos remates es el de hacerse pasar por intermediarios de la DNE, cobrando sumas a personas incautas a cambio de realizar trámites para agilizar el proceso o para concederles supuestas ventajas.
Otro tipo de irregularidad que se detecta durante las subastas es la de falsos oferentes, quienes se inscriben con el único fin de elevar el precio haciendo puja, pero sin tener en realidad intenciones o capacidad de compra. Esta última irregularidad generalmente obedece que las personas que perdieron sus propiedades por extinción de dominio intentan desanimar a los verdaderos oferentes, para evitar el remate y dejar así abierta la opción de recuperarlas a través de testaferros.
Es por esto que los antecedentes judiciales de las personas que se inscriben como postores a la subasta son cuidadosamente revisados. Además, la DNE puede declarar desierta la subasta incluso luego de que el importe por los bienes rematados haya sido cancelado, si a la persona ganadora se le detectan antecedentes turbios o bienes y cuentas bancarias de dudosa procedencia.
Por Carlos A. Sourdis Pinedo
