En la reunión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico se aceptó el impedimento presentado por la rectora Ana Sofía Mesa, pero no quedó claro el día que tendrá que dejar el cargo.
Por un lado, el gobernador del Atlántico sostiene que mañana se reunirá nuevamente el Consejo y firmará el acto administrativo que pone fin a la gestión de la rectora al frente de la alma máter, y por otro, el secretario de la institución educativa, el abogado Gaspar Hernández, afirma que no estará en el país, y ni siquiera estando lo haría porque incurriría en el delito de prevaricato.
Según el jurista, para que los actos del Consejo Superior tengan validez y eficacia deben estar firmados por el gobernador del Departamento y el secretario general.
'Deben esperar que yo regrese al país y que consienta lo que dice ese acto administrativo', aseguró Hernández.
Agregó el secretario general que durante la sesión el gobernador Segebre designó a Beatriz Vélez (presidenta ejecutiva del Comité Intergremial del Atlántico) para que redactara una resolución de desvinculación de la rectora a partir del 30 de noviembre, y a raíz de eso se levantó la sesión.
Al respecto, un miembro del Consejo Superior que estuvo presente y pidió reserva de su nombre, manifestó que Hernández se retiró de la mesa adrede para evitar la firma del acto. Sin embargo, añadió la fuente que se citó a una nueva reunión para mañana, en la que se nombrará un secretario ad hoc que firme el documento en el que la rectora quedará desvinculada el próximo 30 de noviembre.
Según el gobernador José Antonio Segebre, este es un tema procedimental, y el jueves se firmará el acto administrativo.
Sobre la salida de la reunión por parte del secretario general, el mandatario departamental comentó que sobre el tema Hernández y la rectora Mesa 'han sido muy reticentes en términos generales'.
'Esto no es porque nosotros queramos, ella está en una edad de retiro forzoso y ya pasó un año. El tema de fondo es que si no se cumple lo que pide Colpensiones, se pueden presentar inconvenientes', opinó el gobernador del Atlántico.
Sin embargo, el abogado Gaspar Hernández manifiesta que Colpensiones no ha incluido en nómina a la rectora, sino que le reconoce la pensión y ordenará su pago a partir de diciembre, que se paga en enero. Sin embargo, dice el jurista que la actuación de Colpensiones admite recursos de reposición y apelación hasta el 30 de octubre, y la rectora los utilizará.
'Ella va a reponer la resolución de Colpensiones que le reconoce la pensión. Las razones que tiene es que esa suma de pensión no es la que le corresponde por sus años y valores de esa cotización. A la rectora no le deben pagar con base en la Ley 100 sino en base a la Ley 33 de 1985 (...) La rectora no se quiere quedar en ese puesto, solamente está peleando por su derecho', sustentó el abogado.
Por último, Hernández arremetió contra la sesión y dijo que esta fue 'un acto politiquero'.