Centenares de médicos, catedráticos, pacientes y estudiantes de medicina en todo el país salieron ayer a marchar por las calles para protestar por el proyecto de reforma a la salud que cursa en el Congreso.
Al mismo tiempo, el presidente Juan Manuel Santos le pidió celeridad a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para que apruebe la iniciativa en sus dos últimos debates, en tanto que el ministro Alejandro Gaviria convocó a un diálogo abierto para mejorar el proyecto.
En Sincelejo, por ejemplo, la médico Melina Chica, sostuvo que los profesionales quieren ejercer con autonomía y no seguir siendo obreros mal pagados por la intermediación que se tiene. 'Una IPS recibe de la EPS 13 mil pesos por una consulta médica general. Se paga más por un blower por la atención en salud', dijo.
En Santa Marta protestaron con atáudes en miniatura. 'No a la reforma a la salud', gritaron a lo largo del recorrido.
Nidia Castañeda, presidente de Sindess en el Magdalena, el proyecto es lesivo porque configura un modelo económico similar a la Ley 100 que a no dudarlo, 'fortalece mucho más a las EPS'.
El médico pediatra Spencer Rivadeneira, de Riohacha, sostuvo que es tal la crisis que para poder subsistir tienen que correr de un centro asistencial a otro para ganarse lo que se merecen, después de muchos años de estudio.
Algunas razones. ¿Cuáles son las razones del rechazo general al proyecto?
La primera, según el gremio médico, es la intención gubernamental de poner tope a los salarios, facultar a las IPS para que formen a los especialistas y extinguir el recurso de la tutela con la creación de Mi Plan y lo que allí se estipule. Estas circunstancias, no obstante, han sido desmentidas por el ministro de Salud.
Los estudiantes de la Universidad de Sucre se unieron en apoyo a los médicos de su departamento.
Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales (Acesi) manifestó que con esta reforma puede resultar peor el remedio que la enfermedad, si al proyecto no se le hacen serias modificaciones en los debates que tiene pendientes.
Uno de los temas que preocupa es la derogación de varios artículos de la Ley 1438/2011 relacionados con la atención primaria, las redes integradas de salud y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria en los primeros niveles de atención.
Dice que el Gobierno dividió la atención para los usuarios en prestadores primarios y los más complejos. Los primeros son los que atienden casos de consulta médica, odontología, prevención y medicina familiar, así como las cuatro especialidades básicas:
Cirugía, ginecología, pediatría y medicina interna. Con la reforma, los más complejos y considerados no rentables, seguirán siendo contratados por los hospitales.
'La salud está de luto' se repetía en los carteles que médicos y estudiantes llevaron durante la marcha.
Dentro de las modificaciones que ha tenido el proyecto en su tránsito por el Congreso, fue el propio ministro Gaviria quien determinó que la integración vertical de baja complejidad continuará funcionando en las EPS. Esto quiere decir que esas entidades pueden mantener sus propias IPS montando consultorios médicos y odontológicos, entregando medicamentos y realizando actividades de promoción, prevención y servicio ambulatorio, pero en horarios de oficina.
La figura, sin embargo, no obliga a las EPS a prestar los servicios más complejos relacionados con urgencias y hospitalización, que en consecuencia tienen que seguir siendo asumidos por la red pública de clínicas y hospitales. Entonces, en palabras de Zuluaga 'si estamos apuntando a una tercera reforma de la Ley 100, esta debe ser una que realmente sea útil a los usuarios y no a los agentes'. Dice además que el proyecto del gobierno sólo presenta un cambio significativo a nivel financiero con la creación de Salud Mía, pero que las EPS seguirán contratando los servicios, haciendo los pagos y las auditorías.
En Riohacha y Barrancas, un centenar de profesionales se unieron a la jornada nacional.
Otros dos asuntos que tienen en vilo a la salud es el riesgo fiscal y financiero de 540 hospitales en el país, que si no logran sanear sus finanzas, se verían enfrentados a una inminente liquidación. Solo en la región Caribe, el 75 por ciento de estas entidades enfrenta tal crisis.
