El Área Metropolitana de Barranquilla, AMB, está trabajando en la creación de un Fondo de Chatarrización que permitirá cofinanciar el crédito que hizo Transmetro, para desvincular 1.113 vehículos del transporte colectivo, y de esta manera reducir el impacto en la tarifa.
Así lo dio a conocer el alcalde encargado Raúl Lacouture al recordar que Transmetro y el AMB hicieron un convenio para la chatarrización, reduciendo con ello la sobreoferta en la ciudad y mejorar la movilidad.
En este proceso los operadores están obligados a solicitar la desvinculación ante el AMB, y Transmetro se compromete a que con parte de la tarifa del sistema se pague el valor del bus a aquellos propietarios que en vez de darle otro uso al vehículo, prefirieran desintegrarlos (chatarrizarlos).
Según Lacouture, hoy cuentan con 1.102 buses desvinculados, es decir un 99% de la meta, de los cuales 1.085 optaron por la chatarrización. Por este concepto, la entidad ha cancelado $ 61.000 millones a los dueños de buses.
Dichos recursos todavía se adeuda a una entidad crediticia, pues con el porcentaje de la tarifa solo se han cubierto los intereses.
'Como los recursos los aportó Transmetro mediante un crédito con la banca; el Área Metropolitana está trabajando en la creación de un fondo de chatarrización que permita cofinanciar el crédito, y de esta manera reducir el impacto en la tarifa', aseguró Lacouture.
Sobre el tema, Manuel Fernández, gerente del Transmetro explica que de cada $1.700 que ingresan al Sistema por la tarifa, $147,41 van al concesionario de la infraestructura y $153,66 a financiar el 100% de la chatarrización, en contraste con lo que sucede en Bogotá y en Medellín, donde estos costos no se cargan a los sistemas de transporte. Por esa razón, dice que es necesario quitarle carga a la tarifa.
Muchos vehículos están inactivos en el portal de Soledad.
Entonces, aclara, liberar la tarifa significa que la Nación y el Distrito aporten recursos para cancelar esos conceptos y que el Área Metropolitana como encargada del transporte, constituya el fondo mencionado. Además propone que los empresarios de transporte también haga un aporte para ese fondo.
Fondo de Estabilización. Según el alcalde encargado, el fondo de estabilización no es una obligación contractual, sino un mecanismo de apoyo del Distrito a Transmetro, con el que se han pagado kilómetros recorridos en vacío y se le ha dado impulso al sistema en momentos clave.
Por lo tanto, agrega Lacouture, ningún concesionario puede exigir recursos a través de dicho fondo, sin embargo, el Distrito estará atento a seguir apoyando la movilidad de la comunidad.
Indica, además, que los contratos entre Transmetro y los concesionarios definen un fondo llamado 'de contingencia', pero establece que se nutre de los excedentes que genere el Sistema y no contempló aportes externos.
'La discusión con los concesionarios radica en la solicitud de que el Distrito y la Nación aporten recursos al Fondo de Contingencia para compensar la tarifa. No obstante, el análisis del equipo jurídico del Distrito considera que el tema no está reglamentado y que se requiere un ajuste en la ley para eso', explica Lacouture.
Sobre el tema, Fernández agrega que nutrir el Fondo de Contingencia con recursos de la Nación o del Distrito como propone el estudio de Fedesarrollo, requiere ajustes legales, en los cuales vienen trabajando desde diferentes escenarios, como son la organización de Sistemas Integrados de Transporte Masivo SIBRT (de la cual Transmetro es miembro), el Ministerio de Transporte, el Senado de la República, entre otras entidades.
'El objetivo no es disponer recursos para asegurar la operación a los concesionarios de transporte, sino ampliar la cobertura de los sistemas de transporte público, garantizando la calidad del mismo a los usuarios'.
Documento Conpes. Tatyana Orozco, directora del Departamento Nacional de Planeación, asegura que en dos semanas será aprobado el Conpes que tiene como objetivo cubrir costos de la tarifa (porcentaje de construcción de patios y talleres) para mejorar las condiciones financieras de la operación de Transmetro así como adicionar recursos para construir infraestructura que mejore la movilidad del sistema.
Al hablar del alcance e impacto del documento señala que contempla la financiación de estaciones, patios y talleres para liberar el 8.67% de la tarifa, buscando optimizar operación, lo cual requiere inversiones estimadas por un valor de $83.891 millones.
Ajuste de obra par vial (carreras 47 y 50) que permita operar de manera óptima la troncal Olaya Herrera, requiriéndose una inversión adicional estimada de $29.021 millones.
Adelantar la consultoría para la estructuración técnica, legal y financiera del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) que permita definir los cronogramas e inversiones requeridas para que el transporte público del Distrito y el Área Metropolitana se encuentren integrados y tengan una cobertura del 100% de las necesidades. Este estudio tiene una inversión estimada de $3.389 millones.
Adecuación de rutas de precarga calles 79 y 84, para garantizar la operación del SITM durante todo el año y que el servicio no sea suspendido durante la ocurrencia de lluvias, que actualmente puede perjudicar aproximadamente 37 mil viajes que diariamente circulan por estos corredores. La inversión estimada es de $74.342 millones.
'Todo lo anterior, sumado a las medidas de control de operación del transporte público colectivo que hoy se superpone con el SITM y los servicios ilegales e informales, permitirá servir más de 200 viajes al día en el sistema'.
Reclamos
Ante los reclamos de RSIT por $41.853 millones; Metrocaribe por $38.749 millones y Sistur por $31.364 millones, Manuel Fernández, gerente de Transmetro, aclaró que cuando se suscribieron los contratos de concesión las partes acordaron someter sus diferencias o controversias ante un tribunal de arbitramento. Actualmente cursan varios tribunales que deberán analizar en derecho las situaciones planteadas tanto por los concesionarios como por Transmetro, y dirimir las diferencias.
