María Cantillo asegura que ya sabe lo que es vivir en el infierno. Siente que ha estado viviendo precisamente allí junto a sus dos nietas durante los últimos 36 meses, las tres castigadas a soportar las inclementes temperaturas y otras incomodidades propias del cubículo de tres por tres metros que deben llamar hogar, uno más entre los cientos de precarios habitáculos levantados en las afueras del casco urbano del municipio de Manatí para los damnificados por las inundaciones del finales de 2010.
Cuenta que su angustia se transformó en depresión hace unas semanas, cuando supo que ella y sus dos nietas no estaban incluidas en la lista de damnificados receptores de las primeras viviendas gratuitas construidas para los damnificados, 70 de las cuales fueron entregadas a sus nuevos propietarios hace una semana, en una ceremonia que contó con la presencia del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y de Carmen Arévalo, directora del Fondo Nacional de Adaptación.
La misma María comenta sobre su decepción y su depresión: 'Es que una lo que quiere es salir rápido de aquí. Ya está bien de mosquitos, de discutir con los vecinos por el uso de los baños y por el reparto del agua potable o para lavar, del calor tan insoportable que no nos deja estar dentro del módulo durante el día, o de la lluvia que se cuela por el tejado y por las paredes cada vez que llueve'. María resume así, en muy pocas palabras, las características de su infierno personal.
'Mi familia no está acostumbrada a vivir de las limosnas', dice Sofronio Pedroza, quien se ha hacinado también durante tres años con su esposa y sus cuatro hijos en el habitáculo ubicado justo frente al de María y sus nietas. 'Siempre hemos sido gente trabajadora y estamos dispuestos a seguir siéndolo, pero aquí no hay fuente de empleo. El agro ha quedado destrozado', asegura.
Triste aniversario. Las penurias de estas dos familias y de las aproximadamente 600 que permanecen hacinadas en estos albergues levantados en municipios del Sur del Atlántico son consecuencia de la peor tragedia natural que se recuerde en este departamento, causada por lluvias de fuerza sin precedentes originadas por el fenómeno climático conocido como La Niña.
El boquete de 214 metros abierto en el muro de contención del Canal del Dique, en Santa Lucía, dejó entrar hasta 1.300 metros cúbicos de agua por segundo en el momento más álgido del suceso, que envolvió a las cabeceras municipales, corregimientos, veredas y caseríos de Repelón, Manatí, Santa Lucía, Campo de la Cruz y Candelaria.
Hubo que reubicar a más 90 mil personas para ponerles a salvo, quienes dejaron atrás animales domésticos, ganado, cultivos, casas, muebles y enseres. La creciente cubrió más de 330 mil hectáreas en el Atlántico, 257 mil dedicadas a explotaciones agropecuarias.
La movilización del Estado tampoco ha tenido precedentes. Fue necesario crear un organismo, el Fondo Nacional de Adaptación —dedicado exclusivamente a lidiar con las emergencias causadas en todo el país por la ola invernal de 2010 y 2011—, y asignar inicialmente $1,76 billones para la recuperación de viviendas.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y de la ayuda internacional, tres años más tarde continúan oyéndose en el Sur del Atlántico voces de desesperación entre quienes permanecen a la espera de recuperar las vidas que perdieron.
El gobierno ha recordado en más de una ocasión que incluso países con muchos más recursos para emergencias se hubieran visto superados ante la magnitud de los hechos, pero el tiempo transcurrido y el hecho de que aún queden centenares de familias en albergues ha sido calificado de injustificable paquidermia por los mismos afectados, por los alcaldes municipales y por algunos de los diputados.
El ‘Country Club’ de Campo de la Cruz —según llaman al barrio de casas palafíticas en Campo de la Cruz— no tiene agua. Foto: Carlos Sourdis
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'Era necesario'. EL HERALDO consultó recientemente al respecto a la directora del Fondo Nacional de Adaptación, la barranquillera Carmen Arévalo. Dijo entender la desesperación de las personas tras 36 meses de hacinamiento y viviendo de la caridad pública, pero insistió en que el Fondo se ha tomado el tiempo necesario 'para hacer las cosas bien'.
Recuerda que fue necesario coordinar todos los organismos que garantizarían que las viviendas gratuitas entregadas, por ejemplo,tuvieran todos los servicios públicos, además de numerosas contratar con el sector privado.
El gobernador José Antonio Segebre, quien asegura que el principal aliciente para presentar su candidatura al cargo fue la posibilidad de trabajar por la recuperación del Sur del Atlántico, también justificó la percepción de lentitud con la necesidad de que se ejecutaran obras de calidad.
Señala, a manera de ejemplo, parte de lo que se ha hecho en Manatí: un nuevo acueducto que surtirá también a Campo de la Cruz y a parte de Candelaria, el sistema de alcantarillado al 90% de su readecuación y ampliación, la nueva concentración escolar para miles de alumnos y el nuevo Centro de Desarrollo Integral: 'Todas son obras hechas con seriedad, que cumplen las más altas especificaciones en su tipo'.
Este medio también habló con aquellos habitantes del Sur que debían sentirse favorecidos ya que han sido de los primeros en recibir sus nuevas viviendas. Concretamente, con los habitantes del barrio de casas palafíticas construido y donado por la Fundación Mario Santo Domingo en Campo de la Cruz, cuyo moderno diseño y trazado hace que los demás habitantes del municipio llamen a este sector 'Country Club', y 'nuevos ricos' a quienes se mudaron a él.
Pero estos también tienen motivos de quejas. Cuando fueron visitados a principios de esta semana por EL HERALDO, aseguraron que llevaban un mes surtiéndose de agua potable transportándola en burro o en bicicleta, o mediante carrotanques de la administración municipal pero cuyos conductores cobran por el combustible que emplean para cumplir con esta labor, a pesar de la promesa de que recibirían sus viviendas plenamente dotadas de servicios domiciliarios.
Y, a pesar de que ya cuentan con casas propias, insisten en que lo que mejorará definitivamente la calidad de sus vidas es hallar fuentes de empleo para generar sus propios ingresos.
'Pero de eso no se ve nada. Aquí no hay nada que hacer', dice Estela Fontalvo, una más de las damnificadas.
