Cuando todo parecía indicar que la construcción del edificio de apartamentos Torres del Prado acabaría con los problemas ambientales y de inseguridad en la cuchilla de la carrera 50 con calle 68, dos años después es un verdadero ‘calvario’ para los vecinos de esta zona residencial. (Ver galería Este es el estado del edificio ‘Torres del Prado’).
La obra, que está paralizada desde 2011, se encuentra abandonada a su suerte y convertida en guarida de drogadictos e indigentes y como si fuera poco, en el basurero público.
El complejo residencial de cuatro torres con 70 apartamentos fue construido por la firma de Eduardo Ripoll &Cia Ltda, que tuvo que suspender el proyecto por problemas de iliquidez.
En ese momento, Ripoll manifestó que programaría una reunión con Bancolombia para solucionar la situación. Sin embargo, la edificación se encuentra en obra negra, por lo que debido al incumplimiento de las obligaciones hipotecarias pasó a manos de la fiduciaria de la misma corporación bancaria.
En el edificio de 10 pisos estaban contemplados 12 locales comerciales, piscina, gimnasio, salón social, sauna, 2 ascensores, juegos infantiles, y parqueaderos cubiertos.
Juan Carlos Alvarado, presidente de la junta de Acción Comunal del barrio El Prado, manifestó que los moradores creían que la construcción del edificio sería la solución a los problemas que afectan no solo al barrio El Prado sino a los barrios circunvecinos Boston y Colombia, porque allí lo que había era un basurero a cielo abierto.
'Creíamos que sería la recuperación y la valorización del sector porque teníamos dificultades de inseguridad y ambientales, pero resultó todo lo contrario porque el edificio se ha convertido en foco de drogadictos e indigentes'.
Manifestó que ya en una ocasión la comunidad pidió ayuda al comandante de la Policía Metropolitana para desalojar a los indigentes y drogadictos que se habían metido en los locales del edificio, pero nuevamente está comenzando a ser invadido.
Además vándalos se han llevado ventanas, puertas, lavamanos e inodoros del edificio.
Los locales están llenos de basuras que emanan malos olores y contaminan el ambiente del sector.
Alvarado recuerda que la cuchilla inicialmente era un pequeño parque, después se convirtió en un taller y luego en una tienda-bar. 'No sé qué negociación hubo cuando se iba a construir el edificio, porque allí muchas veces intentaron hacer cosas, pero aguantaron las obras porque era espacio público, pero en un momento dado la comunidad no le prestó atención al tema porque el problema era de inseguridad y abandono del sector y nadie averiguó si eso era o no espacio público'.
Precisó que a los seis meses de haberse comenzado a construir la obra, fue paralizada por cuatro meses por el Distrito, pero después continuó. 'Supongo que el predio fue legalizado para poder construir allí'.
A raíz de todos los inconvenientes, los vecinos solicitaron la intervención de la oficina de Control Urbano y Espacio Público, pero hasta la fecha no han adoptado medidas contundentes.
Concepto de un constitucionalista. Para el abogado constitucionalista Fernando Borda no existen dudas en cuanto a lo que se debe hacer con el edificio si la obra se ha convertido en una fuente de peligro, de molestias e incomodidades para la comunidad de vecinos.
Dice que hay que exigirle al actual responsable del inmueble que garantice un cerramiento que impida la proliferación de plagas, la entrada de maleantes, y que siga siendo un foco de basuras.
'Los costos generados por estas acciones deben ser asumidos por quien ejerza la tenencia del edificio en estos momentos', añadió.
Destacó que la Alcaldía Distrital, a través de su Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, es la encargada de exigir el cumplimiento de tales medidas, así como a través de la Inspección General de Policía del Distrito, cuyo código contempla las actuaciones que se deben emprender en el caso de edificios abandonados problemáticos para la comunidad.
Si el edificio amenaza ruina -anotó- por presentar un deterioro estructural debido a su prolongado abandono, es deber de la Alcaldía dar, cuanto antes, cumplimiento al Código de Policía y salvaguardar la seguridad de los vecinos y de la ciudadanía en general, ordenando su inmediata demolición, y los costos también deben ser, en este caso, asumidos por el propietario actual.
'Creo que la queja debería ser llevada ante la misma alcaldesa, Elsa Noguera, para que ella, que es la máxima autoridad policiva de la ciudad, de las instrucciones del caso', concluyó Borda.
Batalla jurídica. Dilia Soto, una de las copropietarias de apartamentos en el edificio Torres del Prado, dijo que muchos de los moradores invirtieron sus ahorros para tener techo propio por lo que compraron sobre planos a la constructora Eduardo Ripoll &Cia Ltda.
Son 47 familias que hoy libran una batalla jurídica para no perder su inversión. La mayoría pagó los apartamentos de contado. 'Se han cometido muchas irregularidades que hoy afectan nuestro patrimonio'.
Indicó que Bancolombia solo ofrece una indemnización de un 40 por ciento a los afectados, del cien por ciento de lo que cada familia pagó por cada apartamento.
EL HERALDO, se comunicó con Juan Pablo Tobón de la oficina de prensa de Bancolombia para conocer las acciones que la entidad realiza para evitar afectar a los moradores, quien manifestó que sólo se pronunciarán hoy.
También intentamos obtener respuesta de la secretaria de Control Urbano y Espacio Público, Diana Amaya y del constructor Eduardo Ripoll, pero no fue posible.
