La sentencia que desde el 19 de octubre de 2011 condena al alcalde de Galapa, José Vargas Palacio, a 48 meses de privación de la libertad por el delito de Falsedad Ideológica en Documento Público, confirmada el 26 de marzo de 2012 por la Sala de Casación del Corte Suprema de Justicia, podría estar más próxima a hacerse efectiva.
Lo anterior, debido a que el proceso contra Vargas, según se anunció ayer, será remitido hoy del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla a la Sala de Ejecuciones, encargada de velar por el cumplimiento de las sentencias dictadas por las entidades judiciales.
La funcionaria que entregó esta información, que es la asistente del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla, dijo desconocer si todo esto indica que el alcalde y su superior jerárquico, el gobernador del Atlántico —José Segebre—, serán por fin notificados oficialmente de la condena.
Precisamente, el hecho de que el alcalde no haya sido privado de la libertad hasta ahora ni destituido por su superior jerárquico desde que fuera dictada la sentencia ha sido justificado tanto por Vargas, quien ha seguido despachando como alcalde de Galapa todo este tiempo, como por el gobernador José Segebre debido a que ninguno de los dos han sido notificados oficialmente por la justicia sobre la sentencia condenatoria.
Al mandatario departamental le correspondería destituir a Vargas Palacio y nombrar un alcalde encargado mientras se convocan elecciones populares para que la ciudadanía galapera escoja a un mandatario entre una terna de candidatos presentada por el movimiento político al cual Vargas pertenece (Cambio Radical).
A dar cumplimiento. El abogado penalista José Luis Herrera, consultado por este medio, indicó que los procesos penales, una vez han recorrido todas las instancias posibles y se ha dictado sentencia sobre los mismos, deben ser recibidos por la Secretaría de la mencionada Sala de Ejecuciones.
Según la ley, esta Sala debe nombrar a uno de los jueces de ejecución disponibles para que a su vez radique el proceso en su despacho, lo estudie y proceda a dar cumplimiento a todas las decisiones judiciales contenidas y ordenadas en el mismo.
Lo anterior incluye -explicó el jurista penal- notificar a los interesados en el proceso, así como ordenar a las instancias correspondientes y hacer efectiva la privación de la libertad al condenado.
Igualmente, es este juez quien debe decidir si al alcalde se le concede la reclusión domiciliaria o de tipo intramural.
Herrera estimó además que todo este proceso, si se surte con agilidad, podría tomarse alrededor de un mes en ser concluido.
Se recuerda que el delito de Falsedad Ideológica en Documento Público le fue imputado a Vargas Palacio por haber certificado en 1999, durante su primer mandato como alcalde de Galapa, la factibilidad de dotar con servicios sanitarios domiciliarios a la urbanización Mundo Feliz, construida para familias de escasos recursos por la administración de Vargas en las afueras del casco urbano del municipio, en la que posteriormente se presentó una aguda crisis sanitaria precisamente por no contar con el sistema de alcantarillado prometido.
Presión ciudadana. Organizaciones que se declaran imparciales y simplemente interesadas en que se haga justicia, tales como la Fundación Comité de Veedurías del Atlántico y la ONG Cívicos en Acción, han solicitado recientemente a la Procuraduría General de la República que investigue la conducta del gobernador y del alcalde por supuestas faltas y violaciones a sus deberes constitucionales.
Alegan que José Vargas debía haber sido privado de la libertad desde hace meses y no estar ejerciendo las funciones de burgomaestre.
Ante la presión ejercida desde estas instancias ciudadanas, el 12 de diciembre pasado, el mandatario municipal puso su cargo a disposición del Gobernador.
También fue motivado por dos audiencias a las que ha sido citado ante la Procuraduría Provincial (citas que no cumplió alegando problemas de salud) para que responda por una supuesta violación al Régimen de Inhabilidades, en la que presuntamente habría incurrido al seguir ejerciendo su cargo tras producirse y confirmarse la sentencia en su contra.
El gobernador respondió a este acto espontáneo del alcalde anunciando que su equipo jurídico tendría que estudiar la situación a la luz de la Constitución. De ello, han transcurrido 36 días.
Acciones de la Gobernación.La Gobernación envió ayer a este medio copias de cuatro cartas que dan fe de la gestión adelantada por la administración departamental desde entonces.
La primera, una respuesta al acto del alcalde de poner su cargo a disposición del gobernador, en donde le manifiestan que se ha dado conocimiento de ello a la Registraduría del Estado Civil para agilizar la conformación de la terna de candidatos a remplazarlo.
Otra, a la Procuraduría Provincial, informando sobre todas las acciones de la Gobernación en este caso. Una tercera, dirigida a la Delegación de la Registraduría en Atlántico, informando también de la situación del alcalde, y una cuarta, a la dirección seccional de Administración de Justicia de Barranquilla, con el mismo fin.
Ayer se intentó conocer la reacción de Vargas Palacio sobre el giro que ha tomado su proceso, pero no estuvo disponible para entrevistas.
