Luego de la denuncia publicada en la edición de ayer por EL HERALDO, que se refería a supuestas irregularidades en los documentos sobre el otorgamiento de la ampliación del gravamen hipotecario por parte del Iduc en el caso del edificio ‘Torres del Prado’; el exdirector de la entidad, Jorge Rosales, quien firmó dichas Resoluciones, afirmó que todo obedeció a un error y que el acto tiene validez. (Leer Nadie responde por ‘Torres del Prado’, foco de basuras e inseguridad).
El exfuncionario señaló que como la entidad iba a ser liquidada el 24 de diciembre del 2008, la oficina depuró los asuntos pendientes y agilizó los trámites para responder a todas las solicitudes el día 23 del mismo mes.
En consecuencia, asegura que por tal motivo se realizó de un día para otro la modificación que autorizó a la constructora Eduardo Ripoll & CIA a ampliar el permiso de hipoteca que había sido otorgado inicialmente sobre $300 millones y que, 24 horas después, fue aprobado sin límite de cuantía. (Vea también Denuncian supuestas irregularidades en caso ‘Torres del Prado’).
Frente a lo anterior, el abogado José Castillo, quien está al frente de la defensa de los copropietarios del edificio ‘Torres del Prado’, discute la poca validez del acto porque 'hay dos documentos que dicen lo mismo, por la misma entidad'.
Jorge Rosales, Gerente del Iduc en el 2008.
A su vez, señala que eso no resuelve las inconsistencias reveladas y que los documentos ya fueron presentados ante el juzgado que falló a favor de Bancolombia, 'solo que, por motivos que no entiendo, aún no los han llevado ante la fiscalía', afirmó Castillo.
Por su parte, Rosales asegura que no interesa si el número de la paginación no coincide o si la fecha no es la misma. 'No hay sentido que se tilden este tipo de cosas, el contenido es lo que realmente importa'.
Entretanto, el abogado Castillo sostiene que se requiere que la Procuraduría y la Registraduría investiguen para hacer los respectivos señalamientos.
Pocas respuestas y muchas evasivas. Las irregularidades que se presentan en la documentación que sustentan la legitimación de Bancolombia sobre el bien, se constituyen como la punta del iceberg de un problema que lleva varios años y que tiene en vilo el patrimonio de decenas de familias que invirtieron su dinero en el proyecto inmobiliario ‘Torres del Prado’.
A lo que se suma que el banco anunció que solo responderá por un 40% de la inversión total de los copropietarios.
Por su parte, los vecinos del sector se quejan por la inseguridad que los asedia, porque la obra abandonada ha sido empleada por habitantes de la calle como basurero y sitio de consumo de estupefacientes.
Al respecto, Diana Amaya, secretaria de Espacio Público, comentó que 'esta es una edificación dentro de predio privado que ha sido abandonada y sus propietarios no han tenido el cuidado de hacerle el mantenimiento correspondiente'.
Sin embargo, al fallar el juzgado a favor de Bancolombia, la entidad adquirió el compromiso de hacerse a cargo de la vigilancia y de la limpieza del sitio.
A esto, Bancolombia respondió a través de un vocero que 'la entidad está haciendo todo lo que tiene que hacer frente al tema'.
Sin embargo, Espacio Público insistió en que 'los temas relacionados con basuras, escombros y orden público ya los estamos trabajando con las dependencias distritales competentes, para buscarles una pronta solución y generar la tranquilidad a los vecinos del sector'.
Por su parte, Eduardo Ripoll, quien era el directamente encargado de la construcción señaló que no daría declaraciones a los medios debido a que su caso se encuentra en estos momentos en pleito jurídico, pues cree que no se realizó una buena investigación frente a Bancolombia. En ese mismo sentido, este considera que cualquier declaración pública puede ser poco pertinente.
Mientras tanto, el lugar seguirá siendo objeto de inseguridad, especialmente, en horas de la noche, a la vez que varias familias copropietarias del edificio en abandono, verán pasar los días sin que les ofrezcan una solución a su situación económica.
