El defensor nacional del Pueblo, Jorge Otálora Gómez, pidió a las autoridades locales que implementen soluciones definitivas ante la emergencia por la inestabilidad de suelos a lo largo de las 2.537 hectáreas de la ladera suroccidental de Barranquilla.
La posición de la entidad quedó consignada en la resolución No. 063 del 15 de enero de 2014, a través de la cual exigió al Distrito la reubicación de los habitantes en peligro, que se calcula son unas 800 personas.
En el acto administrativo, que fue elaborado dos meses después de una audiencia pública con los habitantes de los 11 barrios afectados por los deslizamientos, el defensor pidió al Distrito verificar el censo de afectados, levantar un mapa de riesgos con base en los estudios geológicos realizados y crear un sistema de alerta temprana para monitorear las estructuras y garantizar la vida de las personas que siguen viviendo allí.
De la misma forma, la Defensoría instó a la Procuraduría y a la Contraloría General a iniciar investigaciones por el posible manejo irregular de los recursos en obras de mitigación, atención de emergencias y en los arriendos cancelados a familias afectadas por la ola invernal 2010 - 2011.
Según el abogado Roberto Tapia, representante legal en la acción de grupo de los afectados de Campo Alegre, es una medida que estaban esperando hace mucho tiempo.
'Extrañábamos que la Defensoría del Pueblo no hubiese tomado antes esa decisión, cuando es evidente el incumplimiento por parte del Distrito y de los constructores de solucionar los problemas de las laderas', explica Tapia, al tiempo que recuerda que pese a los esfuerzos y pruebas, no han conseguido que se otorgue la declaratoria de Zona de Desastre.
De acuerdo con Martha Sáenz, quien además de ser dueña de uno de los apartamentos del conjunto Altos del Campo, es la abogada que lleva el proceso de las 157 familias damnificadas, existe una preocupación que no se disipa con la publicación de la resolución y es que esta se convierta en 'letra muerta'.
En su opinión, lo principal es que esto no se quede en el papel, porque hay sentencias a las que no se les ha dado cumplimiento. 'Pedimos que se haga vigilancia tal como lo pide la Defensoría. Ojalá que todo se dé, porque el tiempo pasa y no dan soluciones concretas, solo arriendos', destaca Sáenz.
Ejes puntuales. De acuerdo con Milton Gómez, Defensor Regional del Pueblo, la resolución trata ejes puntuales que se deben cumplir, tales como ejecutar obras para evitar el deterioro de los sectores que aún no están en peligro.
'Los suelos de la ladera suroccidental, de consistencia de arcilla expansiva, han sido intervenidos irracionalmente, no se ha tenido en cuenta la vocación de su uso, ya que se ha permitido para fines urbanísticos y se ha destruido su vegetación nativa', es lo que indica la resolución, como sustento a la petición de declarar la zona como reserva natural.
La resolución también exhortó a vigilar de manera estricta el desarrollo de programas como Barrios a la Obra y los trabajos que se llevaron a cabo en sectores como El Tobogán y Campo Alegre, y la atención de emergencias en Cuchilla de Villate, El Bosque, Villa del Rosario, Carlos Meissel, Me Quejo, 7 de abril y Bajo Valle.
También se ordenó evitar la formación de asentamientos marginales en espacios ilegales que lleven a personas de escasos recursos a ocupar terrenos de alta vulnerabilidad y de amenazas naturales.
La Defensoría anunció igualmente la supervisión de los avances en la adopción de las medidas y los resultados de las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Vivienda, que deberán reportársele cada tres meses.
