El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, dijo ayer que 'no puede responder por lo que no han hecho', en respuesta a los hallazgos por valor de $7.515 millones a 4 entes del Departamento que fueron revelados por la Contraloría Departamental, a cargo de Luis Carlos Pertuz.
El mandatario indicó que los señalamientos del ente de control 'son de tiempo atrás', lo que significa que involucra a administraciones anteriores al 2012, cuando asumió como gobernante de los atlanticenses.
Sobre hallazgo por el pago de $1.197 millones por homologación a funcionarios que 'no tenían derecho', Segebre expuso que esta decisión se adoptó antes de su administración.
'Hubo un grupo de personas a las que se le pagó ese dinero, estamos recuperando parte de esos recursos. Los pagos no fueron hechos por este gobierno, nosotros corregimos esas operaciones y hasta logramos reducir en $10.000 millones los desembolsos por este concepto', añadió.
En enero de este año, la Gobernación anunció el pago de $23.144 millones por homologación a 322 beneficiarios de diferentes municipios.
El secretario de Educación Departamental, Carlos Prasca, sostuvo que para llevar a feliz término el proceso de homologación de cargos y nivel salarial, la administración Segebre puso los $1.197 millones que fueron pagados demás, y que está a la espera de que sean devueltos por los empleados, vía decisión propia o través de acciones judiciales.
'Esperamos llegar a acuerdos de pago con los estos beneficiarios porque de lo contrario, se verán inmersos en problemas legales', puntualizó.
Como resultado de las acciones que realizan, dijo que el abogado Javier Torres Velásquez devolvió ayer $30.316.556 a la administración. 'Estos recursos se le habían pagado de más porque a su representada, la señora Brígida Consuegra, se le pagó dos veces lo que le correspondía por la homologación de su cargo en el sector educativo', agregó Prasca.
Respecto a la denuncia de la Contraloría relacionada con una deuda por $5.590 millones de la Secretaría de Educación con la empresa de seguridad Serviconi, Prasca afirmó que el cobro 'no se ajusta a la realidad', razón por la que no han pagado ese dinero.
'Entre septiembre y diciembre de 2011, nos pasaron una factura excesiva, por concepto de vigilancia en colegios públicos. El cobro justo son $3.900 millones, es lo que estamos dispuesto a pagar, no más de ese monto', explicó.
Confió en que la próxima semana resuelvan el caso. 'Por presión no puedo salir a reconocer una cantidad de dinero que no es. La Contraloría, probablemente, no ha comprendido los argumentos que tenemos para negar la pretensión al contratista, el cual no tiene soportes legales para lo que pide', añadió Carlos Prasca.
EL HERALDO consultó con la secretaria de Agua Potable del Atlántico, Loretta Jiménez, pero no entregó declaraciones. La funcionaria ocupa ese cargo desde hace cerca de tres administraciones. Según la Contraloría, el convenio de construcción del acueducto costero 'presenta problemas en la obra por el uso de materiales de mala calidad que genera fallas de tipo técnico en la estructura'.
El contrato fue suscrito entre la Gobernación del Atlántico y la Unión Temporal Acueducto Noroccidental en 2006.
Sec. de educación
La Contraloría Departamental halló que la Secretaría de Educación departamental debe $5.590.097.229 a la empresa Serviconi por concepto de la prestación de servicios de vigilancia en la vigencia, los cuales no cuentan con el respectivo registro de contratación y tampoco se encuentran en proceso de conciliación o acuerdo de pago.
Según el Contralor Luis Carlos Pertuz, este hallazgo es de tipo administrativo disciplinario. Asimismo, reportó que encontraron que la misma Secretaría ha pagado a 81 funcionarios salarios a los que 'no tenían derecho', cuya nivelación salarial es considerada injustificada por la Contraloría. Según cifras entregadas, la suma asciende a 1,197 millones de pesos.
Sec. de agua potable
El Contralor Pertuz reportó que el convenio de construcción del acueducto costero, suscrito entre la Gobernación del Atlántico y la Unión Temporal Acueducto Noroccidental en 2006, presenta problemas en la obra por el uso de materiales de mala calidad que genera fallas de tipo técnico en la estructura. Asimismo, incluyen el incumplimiento de contrato 'sin justa causa' por labores de ejecución de obras de acueducto en el municipio de Santo Tomás, por parte del consorcio Manning. Entretanto, señala la Contraloría que Aresur figura entre los hallazgos por no reportar, durante la auditoría, el destino de unas inversiones que recibió por parte de los miembros accionistas, que suman un monto de
200 millones de pesos.
Unidad de salud
En revisión a la Unidad de la Salud de la Universidad del Atlántico, el reporte arroja un hallazgo por un valor de 6 millones 100 mil pesos, además de seis de tipo disciplinario. La Contraloría Departamental asegura que la Unidad de Salud del Atlántico, que registró altos valores de compra a la contratista Óptica Cristal que, según la Contraloría, son superiores al costo real de las operaciones. Según ente que hace parte del Ministerio Público, este hallazgo es de tipo fiscal. 'Esto fue detectado en las facturas de venta con números 28366, 28367 y 25379 del contrato con esta empresa', informó el contralor departamental, Luis Carlos Pertúz.
Alcaldía de Puerto
El ente de control señaló que la Alcaldía del municipio de Puerto Colombia violó la prohibición de entregar a terceros la administración de tributos, permitiendo que la empresa Acon Ltda manejara el recaudo del impuesto predial y de industria y comercio. Además, reportan que hallaron que tiempo después la Alcaldía modificó el objeto del contrato con Acon Ltda y determinó que esta empresa solo serviría como apoyo en la gestión tributaria, aunque esta sigue recibiendo los mismos porcentajes en pagos. Este hallazgo es de tipo fiscal y el monto del mismo aún está 'por determinar', de acuerdo con el informe entregado por la Contraloría del Atlántico.
