Unos 140 pescadores de Luruaco, y 120 del corregimiento Arroyo de Piedra, denunciaron ante el gobernador José Antonio Segebre que están siendo atacados por pescadores de otros corregimientos quienes los acusan de usar métodos ilegales en el embalse del Guájaro que están afectando la producción.
'Ya están salien con mucho miedo a trabajar', narró Humberto Currea, líder de Luruaco.
La queja fue formulada ayer durante un encuentro con autoridades departamentales al que acudieron los alcaldes de los cuatro municipios con jurisdicción en el cuerpo de agua, lideres de las agremiaciones de pescadores, Policía, Ejército y Marina, entre otros. Acordaron vigilancia permanente, por agua y tierra, y carnetización de los pescadores.
El embalse del Guájaro tiene una extensión aproximada de 16.000 hectáreas, repartida entre los municipios de Repelón, Luruaco, Manatí y Sabanalarga.
El conflicto. Humberto Currea, líder de los pescadores de Luruaco y Arroyo de Piedra, indicó que, desde hace cerca de 20 años, existe un conflicto con quienes desarrollan esta misma actividad, del corregimiento de La Peña, jurisdicción de Sabanalarga.
'Creemos que son pescadores de La Peña los que nos atacan cuando pescamos en el embalse, este año la situación ha empeorado. Cinco pescadores han resultado heridos desde enero. Nos abordan en grupos de hasta 50 canoas, muchas veces encapuchados y con armas de fuego, nos golpean y nos quitan las atarrayas, trasmallos y los pescados. Estamos amenazados de muerte', narró Currea.
Según el líder, la teoría de que quienes los agreden son de La Peña, es porque 'las canoas son las mismas de los pescadores de ese corregimiento'.
Los agresores alegan que los luruaqueros pescan ilegalmente, con técnicas que afectan la producción pesquera del embalse, de acuerdo con la información entregada por Currea. 'Esos no son metodos legales, no pueden hacer justicia por sus manos. Que sean las autoridades las que regulen este tema', agregó.
Líberman Ocampo, presidente de la Asociación Agropecuaria, Pesquera y Piscícola del Guájaro, del sector de La Peña, reconoce que la confrontación existe, pero afirma que sus 400 pescadores afiliados no son los responsables de los hechos. 'Eso viene de otros que ejercen la actividad de forma particular', añadió.
Ocampo sostuvo que la problemática es por 'falta de autoridad que ejerza control y que establezca reglas de pesca en el embalse'.
Medidas de seguridad. El Gobernador del Atlántico explicó que, a partir de la próxima semana, la Armada, el Ejército y la Policía realizarán la vigilancia por agua y tierra, y antes de un mes entrará a operar una embarcación de la segunda Brigada y otra de la Armada para realizar los patrullajes. Igualmente precisó que tendrán el apoyo de un CAI móvil.
Anunció la carnetización de todos los pescadores que ejercen en el Guájaro, labor a cargo de la Autoridad Nacional Pesquera (Aunap). Las agremiaciones serán capacitadas para que apliquen buenas prácticas de pesca, que no afecten el equilibrio natural del cuerpo de agua.
