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Un mes después de que la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público ordenó la suspensión de 32 obras que se ejecutaban en el sector el Rubí, en la ladera occidental, en donde están prohibidas nuevas construcciones por los movimientos constantes del terreno, algunos particulares no han acatado la norma.

Un mes después de conocida la decisión del Distrito, EL HERALDO recorrió algunos de esas construcciones de particulares que no tenían licencia de las Curadurías Urbanas.

En algunos de esas obras se observó material de construcción como piedra y bloques de cemento así como obreros que trabajaban en las construcciones.

Al respecto la secretaria de la oficina de Control Urbano, Diana Amaya, sostuvo que semanalmente, funcionarios de su oficina recorren el lugar para verificar que los sellos impuestos por ellos no sean retirados.

El 12 de mayo pasado, un grupo de funcionarios de la oficina de Control Urbano, con apoyo de la Policía del sector suspendieron dos de las obras.

Precisamente en una de estas construcciones se pudo observar que había actividad por parte de un grupo de obreros, pese que en uno de los muros de la obra hay un cartel de ‘Suspensión de obra’.

Sin embargo en la mayoría de los proyectos se mantienen los sellos y no se ve ningún tipo de actividad que evidencie que siguen construyendo.

A raíz de las irregularidades denunciadas por este diario sobre la venta de lotes y la construcción de viviendas en una zona considerada de alto riesgo, el Defensor del Pueblo, Jorge Amando Otálora, envió una comisión encabezada por el defensor regional, Milton Gómez, para verificar si realmente este sector donde se adelanta estas actividades de hacen parte de la zona de alto riesgo en la cual esta prohibida edificar.

En esa oportunidad Gómez estuvo en el lugar en compañía del Contralor Distrital, Ernesto Ariza.

'Nuestra función principal es proteger la vida y la integridad de quienes en su afán de tener vivienda propia pudieron obtener estos terrenos sin tener conocimiento que allí no se puede construir', declaró Ariza.

Al conocer que posiblemente algunos dueños de las construcciones continúan adelante con las obras, sostuvo que se comunicará con la secretaria Diana Amaya para verificar que ocurre realmente en el lugar.

La jefe de esta cartera, afirmó que en total en el mes de mayo se les colocó el sello de suspensión a 32 obras que no contaban con los permisos expedidos alguna de las dos curadurías que tiene Barranquilla.

Señaló que de comprobarse que en algunos de los sitios anteriormente suspendidos se retiran los sellos, se constituye un agravante 'en caso que esto sea así se le impone una multa independientemente de las sanciones de tipo penal por la violación de los sellos'.