La decisión del Gobierno a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, de negar la solicitud elevada por el Distrito para que 700 hectáreas de la ladera suroccidental de Barranquilla fueran declaradas como zona de desastre, fue -según el secretario de Planeación, Miguel Vergara- tomada a raíz de que la petición no cumplió con las condiciones legales requeridas por la entidad.
La determinación fue puesta en conocimiento de la Administración y los afectados por los deslizamientos de tierra en ese sector, hace poco más de un mes y medio, durante la última reunión que tuvieron con el defensor nacional del Pueblo, Jorge Otálora.
'Lo que dijo el representante de la UNGRD, Benjamín Collante, fue que la solicitud no cumplía con las condiciones legales para ser declarada zona de desastre nacional. Teniendo en cuenta la dificultad técnica, financiera y jurídica para solucionar un problema tan importante y grande para la ciudad, estamos redactando un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que podría ser la solución a corto, mediano y largo plazo', explicó el funcionario.
Roberto Tapia, abogado y representante de algunos de los afectados, argumenta que con esa decisión, lo que está diciendo el Gobierno es que 'la indemnización le va a corresponder solo al Distrito, a menos de que con la entrega del Conpes decidan apoyarlos con un porcentaje de recursos'.
Para el jurista, la negativa representa un 'golpe para Barranquilla' y se debió a que la solicitud estuvo 'mal soportada'.
'No entiendo cómo una situación tan evidentemente preocupante como la de la ladera no llama la atención del Gobierno para declararla como zona de desastre, esperamos que corrijan su error', remató Tapia.
El pasado 19 de enero, el Defensor del Pueblo, Jorge Otálora, exigió a la Administración que solicitara la declaratoria de zona de riesgo.
Para esclarecer las razones que motivaron la decisión que mantiene en vilo a las cerca de 800 familias damnificadas con los movimientos de los terrenos desde hace más de tres años, EL HERALDO consultó al subdirector de la UNGRD, Benjamín Collante, quien aclaró que en este momento bajo los parámetros de la ley 1523 de 2012, que permite a las entidades territoriales un desarrollo normativo, financiero y administrativo de la calamidad pública, declarar un estado de desastre es un 'poquito más complicado'.
'Ya nosotros nos pronunciamos, en un documento bien sustentado que tiene cerca de 20 páginas. De acuerdo a los soportes que nos mandaron, fuimos muy específicos con el Distrito y le recomendamos, con base en la ley, que pueden hacer muchas cosas sin llegar a esos extremos, porque la declaratoria de desastre implica un mayor análisis, que tendría que ser llevado al Consejo Nacional, conformado por el presidente de la República, todos los ministros y el director de Planeación, lo que es un poco más complejo en este nivel', sostuvo Collante.
Desde el año 2011, el Distrito ha prorrogado la declaratoria de calamidad pública, que sigue vigente para la zona de deslizamientos. Sin embargo, al ser negada la declaratoria de desastre, solo mediante la sustentación del Conpes habrá posibilidad de gestionar recursos para reubicar a los damnificados.
'Muchos de los afectados consideran que tener una declaratoria de desastre es como tener una llave para abrir las puertas a los recursos, pero eso es complejo, porque tienen que presentar un plan de acción específico y modificar el presupuesto distrital para asignar recursos. Deben tener una sustentación profunda, con cifras, casos y presupuestos', concluyó Collante.
El Heraldo intentó comunicarse con el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien el pasado mes de mayo asistió a la audiencia de rendición de cuentas sobre las medidas tomadas en la ladera. Sin embargo, fue imposible debido a que el jefe de dicha cartera se encuentra fuera del país.
Según el exconcejal Rafael Sánchez Anillo, lo que está pasando con Campo Alegre y los demás barrios afectados es 'muy delicado', y otra decisión que ratifica la situación de emergencia es la exoneración que aprobó el Concejo a través del estatuto tributario, tanto del impuesto Predial como de Valorización a buen número de inmuebles de la zona.
