Al declarar como improcedente el recurso de aclaración presentado el martes de la semana pasada por la procuradora general panameña, Ana Belfon, la Corte Suprema del vecino país ratificó la inconstitucionalidad del asilo territorial otorgado en noviembre de 2010 a la prófuga exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, requerida por la justicia colombiana en el proceso por las chuzadas.
La Procuraduría del istmo elevó el mecanismo horas antes de que venciera el asilo a Hurtado y, por consiguiente, a punto de ser detenida y deportada a Colombia.
El recurso de revisión suspendió entonces los efectos de la sentencia del alto tribunal centroamericano del pasado 18 de julio, que determinaba que no se ajustaba a la carta magna del vecino país el asilo a la exfuncionaria del gobierno de Álvaro Uribe.
Así las cosas, se reactiva la orden de captura que hay en el vecino país contra la exdirectora del DAS, quien deber responder en juicio en la Corte Suprema de Justicia de Colombia por el escándalo de las chuzadas o seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados, opositores, periodistas y activistas de los Derechos Humanos.
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien esta semana dejó ese cargo en manos de Juan Carlos Varela, le otorgó el asilo a Hurtado por una supuesta persecución política y jurídica.
La exjefa del DAS fue acusada por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función púbica, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El miércoles, el fiscal Eduardo Montealegre había ofrecido beneficios jurídicos a María del Pilar Hurtado, si regresaba a Colombia a explicar los hechos por los cuales se le investiga y colaboraba con la justicia.
