Una de las cinco fundidoras de plomo que la Alcaldía de Malambo y la CRA cerraron el pasado seis de junio volvería a funcionar, tras la decisión del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de ordenar la apertura de la empresa Metcaribe S.A. con el argumento de que las autoridades vulneraron el derecho al debido proceso.
El fallo, que fue notificado este miércoles a la CRA, señala que tanto la Alcaldía del municipio como la entidad ambiental deberán autorizar el funcionamiento inmediato de Metcaribe S.A para que continúe con sus actividades en 'cumplimiento de los requisitos para ello'.
Pese a que la empresa no cuenta con los permisos de emisiones atmosféricas requeridos en el decreto 848 de 1995 -que reglamenta el control de contaminación y protección de la calidad del aire- reanudaría la fundición de plomo dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación, en caso de que la acción no fuera impugnada.
Para evitar que se cumpla la disposición del fallo, la CRA y la Alcaldía de Malambo anunciaron que impugnarán la decisión, ante la posibilidad de que los habitantes de la vereda La Bonga vuelvan a estar expuestos al humo que produce la fundición del plomo.
En el documento figura la orden dada a la Alcaldía de Malambo para que otorgue el permiso de la utilización del suelo, 'so pena de dar cumplimiento al artículo 52 del decreto 2591 de 1991', que reza que quien incumpla la orden de un juez incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales.
Sobre la situación de los afectados por plomo en sangre, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó que la contaminación por este metal pesado 'es un tema muy complejo, que tiene que ver con problemas regulatorios no de ahora sino de años atrás'.
La Alcaldía de Malambo había revocado el decreto 123 de 2014, con el que ordenó el cierre de las fundidoras Metcaribe S.A, Acumuladores del Caribe S.A.S., Reciclal, Fundidora J & G y Recuperaciones del Caribe LTDA, mediante el decreto 139 del mismo año por medio del que 'subsanaba la violación al debido proceso' alegado por Metcaribe.
'El juez debió declarar el hecho superado y no ordenar la apertura en un término de 48 horas', asegura Jhony López, asesor jurídico de la Alcaldía de Malambo.
Las fundidoras fueron inspeccionadas el lunes por funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Malambo.
Con el funcionamiento de Metcaribe S.A. 'se estarían vulnerando los derechos fundamentales a la vida digna y el ambiente sano de la comunidad de La Bonga', por lo que la Alcaldía de Malambo señaló que están dispuestos a utilizar todos los recursos legales para impedir el 'envenenamiento de los niños'.
El representante legal de esta fundidora es Rodrigo Ángel Restrepo, y la junta directiva está conformada por Paula María Ángel Ángel, Néstor Alonso Ángel Ángel y Rubén Antonio Serna Ramírez. En el certificado de existencia de la sociedad, que reposa en los archivos de la Cámara de Comercio, figura como una empresa de compra y venta de chatarra para recuperar metales y exportar y elaborar elementos para baterías e insumos químicos.
La CRA asegura que esta fundidora de plomo no cuenta con la certificación de uso del suelo, que entrega la Secretaria de Planeación Malambo, en la que debe constar que exista compatibilidad entre los usos asignados a la zona y el desarrollo de las actividades con metales no ferrosos.
La decisión demuestra, según Escolar, que el juez incurrió en una 'indebida apreciación de las actuaciones adelantadas por la CRA', y que por tanto 'llegó a conclusiones erradas de una violación de derechos fundamentales en los cuales esta corporación no ha incurrido'.
La diligencia de otorgamiento de un permiso de emisiones atmosféricas a una persona jurídica que no haya cumplido con los requisitos de ley sería 'violar la normatividad ambiental vigente'.
El pasado martes el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, anunció que la próxima semana acompañará a la CRA y la Alcaldía de Malambo en el procedimiento de retiro de las fundidoras de plomo que durante varios años funcionaron en ese municipio, entre ellas Metcaribe S.A.
Protestas por decisión de juez. Más 30 personas, que viven en inmediaciones de la planta que fue reabierta, protestaron en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo por la decisión del juez que ordenó reabrir la planta fundidora. La población exige que esta sea cerrada argumentando graves implicaciones para la salud.
