La reciente explosión en la cantera Munárriz, en Puerto Colombia, puso en evidencia los riesgos que traen estas industrias para las personas y el medio ambiente.
En el Departamento existen 42 canteras legales y 18 ilegales identificadas, reveló la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA.
En promedio, la explotación minera ilegal ocupa 72 hectáreas de tierra y la legal 500. Atlántico posee una extensión territorial de 330.000 hectáreas en 23 municipios.
En este territorio la explotación del suelo data de hace medio siglo y gira en torno a materiales para la construcción como arena, arcilla, caliza para cemento, grava y piedra, entre otros.
Con 12 compañías Puerto Colombia es el municipio con mayor actividad minera no metálica que cumple con títulos y licencias de la Agencia Nacional de Minería. Mientras que Luruaco con 6 canteras detectadas es el que más ilegalidad tiene.
El director de la CRA, Alberto Escolar, se abstuvo de entregar los nombres de los responsables de las 18 empresas catalogadas como 'ilegales', argumentando que existen investigaciones realizadas por la Agencia de Minas, Fiscalía y la misma autoridad ambiental del Atlántico.
'Hemos abierto esos expedientes en un tiempo estimado de cuatro años (...) no queremos entorpecer los procesos legales', afirmó.
Identificación de canteras. Escolar señala que los 'primeros responsables' en detectar y tomar medidas contra las canteras ilegales son las autoridades municipales, Alcaldía y Policía. 'Luego nos reportan a nosotros para comenzar los procesos jurídicos, pero ellos (Policía y Alcaldía) deben seguir haciendo control', sostuvo.
El funcionario explicó que las canteras deben contar con un título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y una licencia ambiental.
Escolar argumentó que, así un terreno pertenezca a privados, quienes quieran explotar los recursos del suelo y subsuelo deben gestionar los permisos ante la Agencia Nacional de Minería, ANM.
Daño a personas y a ambiente. Además del episodio del martes pasado en Puerto Colombia, en la cantera que detonó material explosivo ocasionando daños materiales en dos instituciones educativas del sector, habitantes de Arroyo de Piedra, en Luruaco, llevan varios años quejándose de estas empresas.
El secretario de Gobierno de Luruaco, Edier Altamar, quien reside en Arroyo de Piedra, dijo que 'las canteras producen mucho polvo, que genera problemas respiratorios. Además, la explotación ilegal hace que con la lluvia baje sedimento de la montaña y se desborden los arroyos', explicó.
La última emergencias en esa población fue el 23 de agosto pasado, cuando al menos 60 casas resultaron inundadas porque por el arroyo Popó bajó una gran cantidad de lodo.
La CRA ha detectado que la 'gran afectación ambiental' que ha deteriorado el embalse del Guájaro está ligada a las explotaciones mineras en esa zona, por la erosión de los cerros interiores y el arrastre de sedimentos al cuerpo de agua.
'En ambos casos, legales e ilegales, es evidente que afectan el embalse y la laguna de Luruaco, puesto que los arroyos llevan barro y arena hasta esos cuerpos de agua, ocasionando sedimentación en los mismos', aseguró Escolar. Explicó que la diferencia es que las compañías legales tienen unos planes de manejo ambiental, que los obliga a tomar unas medidas que minimicen estos efectos. 'Pero las que no tienen licencia es imposible controlarlas', agregó el director de la CRA.
Mencionó que otros de los efectos negativos de la minería ilegal son la deforestación y el desplazamiento de especies animales en las zonas donde funcionan estas explotaciones sin control.
Siguen los títulos. La política de desarrollo económico sostenible aplicada en Colombia hace que la minería no se detenga en ninguno de los departamentos. En Atlántico fueron entregados por la ANM cuatro permisos para canteras entre 2012 y 2013.
El mismo Ministerio de Ambiente, a través de la Guía General del Pomca, establece que 'para efectos de la reclasificación de las nuevas zonas de uso y manejo, se deberán considerar los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero que cuenten con licencias ambientales, los cuales deberán clasificarse en la categoría de uso múltiple con los condicionamientos requeridos'.
Compensación. El director de la CRA anunció que, por ejemplo, a la empresa Argos le fue aprobada una propuesta de compensación ambiental en 1.000 hectáreas para los próximos cuatro años, con inversión cercana a los $4.000 millones.
'Contempla la compra de terrenos para reforestación, siembra de árboles en el sur del Atlántico y donaciones de flora para algunos viveros', puntualizó Escolar.
Canteras legales
Municipio cantidad
Puerto Colombia 12
Luruaco 11
Repelón 7
Sabanagrande 3
Tubará 3
Santo Tomás 2
Sabanalarga 1
Galapa 1
Manatí 1
Juan de Acosta 1
Canteras Ilegales
Municipio cantidad
Luruaco 6
Juan de Acosta 5
Santo Tomás 3
Tubará 3
Baranoa 1
Destrucción de maquinaria
El artículo primero del Decreto 2235 de 2012, del Ministerio de Defensa Nacional, autoriza la destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizadas en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias prevista en la ley. 'Cuando se realice exploración o explotación de minerales por cualquier persona natural o jurídica sin contar con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental o su equivalente, cuando esta última se requiera, procederá la medida de destrucción de maquinaria pesada y sus partes'. El texto explica que la Policía Nacional es la autoridad competente para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria pesada y sus partes.
Panorama nacional
Según el último Censo Minero Departamental, realizado por el Ministerio de Minas entre 2010 y 2011, en Atlántico funcionan 266 unidades de producción minera (UPM), de las cuales 29 (el 10,9%) registraron título, mientras que 237 (el 89,1%) no. Sobre un título minero puede haber varias explotaciones, que se denominan UPM, explica el director de la CRA, Alberto Escolar. En el proceso de recolección el ministerio identificó 14.357 unidades de producción minera en Colombia, de las cuales el 37% tienen título, mientras que el 63% no. Los departamentos con mayor seguimiento por su alta concentración de UPM sin título minero son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca.
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