A pesar de que el funcionamiento de fundidoras de plomo sin ningún tipo de control puede representar un grave problema ambiental y de salud pública, no existe en el Atlántico un inventario actualizado del número de empresas dedicadas a esta actividad.
El último informe del sector de la fundición de metales en el Atlántico data de 2005. Lo hizo la Organización para el Desempeño Empresarial Sostenible (Odes) para la CRA y este detalla que hasta ese año habían 11 fundidoras de plomo registradas en el departamento, que fundían más de 600 toneladas mensuales en 5 sitios de Malambo, 4 en Barranquilla, 1 en la vía a Juan Mina y 1 en Galapa.
Solo una de las empresas dedicadas al acopio y recuperación de plomo era considerada como 'mediana': la fundidora Jorge Iván García JIG, que con 51 empleados en 2005 fundía 200 toneladas al mes (era la de mayor producción) y pagaba $500.000 de impuestos anuales al municipio de Malambo.
Teniendo en cuenta que el precio actual de la tonelada de plomo en el mercado nacional es de $4.256.408, en el caso de que esa empresa estuviera en funcionamiento movería mensualmente unos $851.281.600, de los cuales solo un pequeño porcentaje terminaría en las arcas administrativas de Malambo.
Esos cálculos no se alejan de la realidad, pues hoy el único pago de impuestos que realizan Reciclal, Recuperadora del Caribe y Fundidora J&G es el de industria y comercio, que equivale a $243.000 al año.
Según la oficina de Impuestos de Malambo, esto se debe a que dichas empresas están registradas dentro del Régimen Simplificado; es decir que entre las tres aportan apenas $729.000 cada año. Las otras dos, Metcaribe y Acumuladoras del Caribe, están registradas en Régimen Común, pero según la Alcaldía no reportan pagos en los últimos años.
Si bien los municipios del Atlántico no perciben regalías por el desarrollo de estas actividades, ya que el plomo que funden dichas empresas no es extraído en el Departamento, sino recuperado en su mayoría de las baterías de vehículos que traen desde Bogotá, Medellín y Cali, es muy poco lo que en materia presupuestal le deja la fundición a las poblaciones.
Para el alcalde de Malambo, Víctor Escorcia, la llamada 'ruta del plomo' solo deja ganancias para los dueños y pérdidas para las comunidades vecinas. 'Los recaudos municipales no se verán afectados con el cierre de estas cinco empresas, porque era muy poco lo que pagaban. No representará un detrimento en los recursos que percibimos por impuestos de industria y comercio', afirma Escorcia.
Así se mueve el negocio. La cadena de valor del plomo no solo involucra a quienes transportan las baterías sino a los actores de la 'ruta de la chatarra', que empieza con la generación del residuo y termina con la fundición y reutilización.
Los sectores que más generan chatarra metálica recuperable son la industria del transporte y la metalmecánica. En Barranquilla y Malambo existen dos acopiadores mayoristas de plomo, que venden las baterías a reprocesadoras en Cali, y en ocasiones contratan a pequeñas fundidoras para recuperar el metal y exportarlo.
El proceso consiste en destapar la batería, drenar el ácido, cortar la tapa, separar los bornes o botones de metal que unen los hilos conductores de la energía, descargar el contenido de la caja, lavarla, y retirar las placas de plomo para fundirlas en hornos especiales llamados cubilotes (ver infografía).
La Odes en su inventario reseña que Reciclal nació a partir de una maquila con la fábrica de baterías Willard S.A., cuya sede está en el parque industrial Pimsa, y que para generar 2.500 toneladas de plomo al año tendrían que recuperar el metal contenido en al menos 200.000 baterías.
Problemas de salud. El presidente de la Sociedad de Ingenieros Químicos del Atlántico, Oswaldo del Castillo, dice que el talón de Aquiles de este negocio es la afectación que causa entre quienes están expuestos al plomo.
'Cuando el metal entra al organismo las encimas lo transforman en sulfuro de plomo, que produce reacciones que afectan el sistema nervioso central y que en los niños pueden generar retraso mental', argumenta Del Castillo.
Una de las consecuencias médicas más graves que puede provocar la intoxicación con plomo es el desarrollo del saturnismo, enfermedad que causa anemia, alteración del transporte de oxigeno en la sangre, hipertensión e irritabilidad y cuyo nombre obedece al término con el que los alquimistas llamaban a este metal: saturno.
'Los trabajadores de esas fundidoras también deben tener problemas de intoxicación, porque el plomo se acumula si la concentración es muy alta, y si están expuestos todos los días a pequeñas cantidades. Los problemas no se presentan enseguida, se vuelven crónicos. Para reducir el impacto en los pozos de agua, podrían usar filtros con carbón activado que repelan el metal', recomienda el presidente de los Ingenieros Químicos.
Sin autorización en los POT. Cuando en mayo de este año el Instituto Nacional de Salud entregó los resultados del estudio de exposición ambiental que demuestra que 147 de los 250 habitantes de la vereda La Bonga tienen plomo en la sangre, la polémica sobre el negocio que comenzó hace unos 13 años con la instalación de las primeras plantas de fundición de este metal pesado en Barranquilla, Malambo y Sabanagrande volvió a cobrar interés.
Esta vez el revuelo corrió por cuenta de las denuncias de los afectados y la orden de cierre desde el 6 de junio de las empresas Reciclal, Recuperadores del Caribe Ltda., Metcaribe S.A., Acumuladores del Caribe y Fundidora J & G.
Las medidas preventivas y la negación de los permisos ambientales y de emisiones atmosféricas pusieron en la mira el mercado que seguía funcionando ante los ojos de todos sin mayores restricciones, por lo que el abogado ambientalista José Javier De la Hoz considera que si cumplieran las normas en el Atlántico no habría fundidoras, pues el uso del suelo contemplado en los Planes de Ordenamiento Territorial no lo permite.
'Esas empresas nunca debieron estar ahí. No debieron esperar a que se diera esta situación para evaluar los delitos de contaminación. Los niveles de plomo en sangre permisibles están sujetos al número de horas que se está expuesto al metal', concluye el jurista.
Mientras que la estabilidad de la ruta del plomo pende ahora de una cuerda floja en la que por un lado tiran la CRA y la Alcaldía de Malambo y por el otro los dueños de las fundidoras, los 147 afectados esperan que las tres EPS-S a las que están afiliados -Comfacor, Mutualser y Caprecom- cumplan atiendan sus casos y el desarrollo de tratamientos de desintoxicación.
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