Desde el tradicional juego de 'la bolita… la bolita… dónde está la bolita', con el que supuestamente se multiplica el dinero apostando billetes para encontrar una pelotilla debajo de vasos plásticos, hasta sofisticadas e inimaginables estrategias que involucran empresas, corporaciones o fundaciones fachadas, la estafa es un delito que siempre ataca la propiedad o el patrimonio.
El incremento en las denuncias contra la empresa Global Brokers Asociados S.A., por una supuesta estafa masiva, hizo ‘mover’ esta semana el aparato judicial de la capital del Atlántico para indagar sobre los casos que un buen grupo de clientes denunció frente a la opinión pública y que dicen haber descubierto con anterioridad: la entrega de una millonaria suma de dinero con la que, supuestamente, se compraba el 'proceso' de una casa en remate, pero con el paso del tiempo aún no hay razón del dinero ni de la casa.
Pero no solo este caso de presunta estafa, que relaciona los bienes inmuebles como objeto de engaño, ha sido de reciente investigación para las autoridades.
En la memoria de los barranquilleros permanece el caso de las llamadas 'bendiciones', que en realidad eran millonarias sumas de dinero prometidas a las personas a cambio de ‘mínimos’ aportes económicos. Con los pagos, hechos a fundaciones e iglesias cristianas –y que oscilaban entre los 250 mil y 800 mil pesos– una persona era 'acreedora' de un supuesto título valor ($180 millones), como parte de un 'programa de indemnización' de vivienda.
De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en lo que va de este año han sido denunciados 113 casos de estafas (incluyendo los 47 de las supuestas víctimas de Global Brokers), 127 menos que en 2014, para la misma fecha.
Sin embargo, en lo que se refiere a capturas, el año anterior iban hasta la fecha 32 individuos detenidos por este delito y, según la Policía, este año solo van 5.
Con este tipo de recibos registraba la abogada Escobar los pagos de sus clientes.
El mundo de Global Brokers S.A.
Johanna Mármol Martínez invirtió hace 2 años en Global Brokers Asociados S.A. 180 millones de pesos para acceder a un 'proceso jurídico', que la acercaría a la obtención de un lujoso apartamento en el barrio Villa Paraíso, en el norte de Barranquilla. Sin embargo, hoy desconoce el paradero del dinero y de las escrituras del inmueble. Su caso es similar al de Amparo Estella Pinzón, quien, según su abogado, Alberto Barros, también entregó a la compañía, en 2013, 35 millones de pesos para un remate.
Soraya Navarro también hoy lucha porque le devuelvan a su suegro 110 millones de pesos que dice dio para entrar en la 'puja' del remate de un apartamento situado en carrera 43 con calle 87, en el barrio La Campiña, norte de Barranquilla.
Estos tres casos están entre los 47 denunciados la semana anterior ante la Policía Metropolitana y que, además, son el soporte para la investigación que adelanta la Fiscalía contra cinco directivos de Global Brokers.
La empresa aparece en la Cámara de Comercio de Barranquilla como una sólida sociedad que tiene fijada su duración hasta el 31 de diciembre de 2060 y con un capital activo de 11.106 millones 608 mil pesos.
Lo que pareciera ser una entidad con el suficiente dinero para respaldar los 20 objetos sociales por los que fue constituida, que van desde la importación o exportación de piezas de electrodomésticos hasta ofrecer 'oportunidades de inversión inmobiliaria en el mercado actual por la vía de cesión de derechos de crédito o negociaciones con deudores hipotecarios', tal y como aparece en su página web. Hoy es señalada por sus clientes con denuncias por 'incumplimiento'.
La misma situación también fue reportada en Santa Marta, Cartagena y Valledupar. En estas ciudades también funcionan sedes de la empresa Global Brokers. En las oficinas, poco a poco, clientes se han acercado en busca de una explicación en torno a lo ocurrido en la capital del Atlántico.
En conjunto, los clientes manifestaron haber depositado distintas sumas de dinero en cuentas de la entidad con el fin de obtener una vivienda propia, pero, después de un largo tiempo, hoy están 'desesperados' al no conseguir la casa prometida ni el dinero invertido. Y, según se conoció, las sedes regionales también fueron cerradas.
Pero la historia de Global no se queda allí. Esta semana, un grupo de barranquilleros protestó contra una empresa llamada Grupo Constructores Aliados, que guardaría relación con Global Brokers, no solo por su actividad —ofrecen inmuebles en remate a través de procesos— sino también porque sus directivos serían, al parecer, los mismos de la compañía denunciada recientemente ante las autoridades.
EL HERALDO conoció que Grupos Constructores Aliados, desde su constitución en julio de 2013, ha estado a la cabeza de familiares de un hombre identificado como Pablo Hutchinson Garrido, quien aparece en Cámara de Comercio como directivo de Global Brokers.
Hutchinson, a su vez, está relacionado con Eduardo Iván Vargas Gómez, quien — según las autoridades— sería socio de Christian Rymel Yurgaky Rey, el supuesto dueño de Global Brokers. Contra Yurgaki, según trascendió, existen 3 denuncias por estafa, 2 en Cali y una en Barranquilla.
Además de Global y Grupo Constructores Aliados, en Barranquilla estaría relacionada una tercera empresa: Alianza Grupo Empresarial S.A.S., cuyo gerente es José Gregorio Pérez Arteaga, la misma persona que en el 2012 firmaba contratos de Global Brokers Asociados S.A., en calidad de representante legal.
Sin embargo, los ‘tentáculos’ de Global Brokers, según conoció esta casa periodística, van más allá y llegan a Montería, Cali y Bucaramanga. En el caso de las ciudades por fuera de la Región Caribe, la empresa denunciada hoy se llama como la firma de Barranquilla: Grupo Constructores Aliados.
Y en el caso de Montería existe Grupo Empresarial Aliados, que también tiene sedes en Barranquilla y Santa Marta.
Todas estas empresas se dedican al remate de propiedades y a la construcción de apartamentos. Lo curioso es que, según los denunciantes, en el caso de Cali, en su página web aparecen ofertas de proyectos pero todos son en barrios de Barranquilla: Cevillar, Los Andes, San Felipe y Recreo, entre otros. Eso también pidieron investigarlo a las autoridades.
Las ‘bendiciones’ de la abogada Jisella
Las investigaciones contra la abogada Jisella Escobar Henao, de acuerdo con la Fiscalía, cursan actualmente en la unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla. Una es por el delito de estafa, y la otra, por captación masiva de dinero.
El nombre de esta jurista surgió a finales del año anterior, por los testimonios de personas que dijeron sentirse estafados luego de invertir en un proyecto liderado por ella llamado 'Programa de indemnización de vivienda'.
Uno de los afectados reveló que a través de terceros, conocidos como 'líderes' o 'supernumerarios', la abogada Escobar prometía millonarias donaciones a cambio de ‘mínimos’ aportes económicos. Con los pagos, llamados 'bendiciones' y hechos a fundaciones e iglesias cristianas, se lograba hacer parte del programa de Henao. Los aportes oscilaban entre los 250 mil y 800 mil pesos, y con esto se hacía acreedor de un supuesto título valor de $180 millones.
El sistema de la profesional era fácil: 'consistía en asistir a una reunión en la que enseñaban sobre el supuesto auxilio de vivienda, luego a la víctima se le asignaba un líder o supernumerario encargado del recaudo del dinero a través de un contrato y, tras dar la cuota, se recibía la bendición'.
En este método coincidieron la mayoría de personas que fueron denunciando tras repetidas publicaciones. Incluso, a través de redes sociales, ciudadanos dieron a conocer que hasta Sincelejo (Sucre), Planeta Rica (Córdoba) y Riohacha (La Guajira) llegó la abogada Jisella Fernanda Escobar a ofrecer a la gente la posibilidad de ser parte de tal programa de donaciones. En estas zonas también pidió sumas entre los 400 y 600 mil pesos para el programa.
Pero lo que más llamó la atención de las autoridades en el caso de Escobar Henao fue que para el llamado 'programa de indemnización', programaron citas esporádicas al edificio de la Alcaldía Distrital, en el Paseo Bolívar.
Una de las víctimas, quien prefirió no dar su nombre, explicó que por haber entregado una suma por encima de lo estipulado, Escobar Henao entró a mediar en el proceso.
'Nos citaban a la Alcaldía para que, según ellos (abogada y cómplices), nos cercioráramos de que no se trataba de un engaño. Fui con unas 15 o 20 personas la primera vez y luego fuimos unos pocos. En la planta baja, dentro del edificio, nos decían que teníamos que esperar a un funcionario de Planeación, pero este nunca llegaba (…)', expresó la víctima.
Luego, agregó que, en una de las visitas a la sede de la Alcaldía, hubo una persona que se identificó como funcionario, pero luego de un diálogo del hombre con Escobar, quien ese día los acompañó, 'nos volvieron a decir que el encargado de la indemnización, el ‘firme’, no había venido'.
Frente a esta situación, Elsa Noguera, alcaldesa de Barranquilla, aseguró que la comunidad no puede ser ingenua y 'no puede creer en terceros que, sin ningún soporte de la Administración Distrital, estén haciendo unas promesas'.
Después, Noguera aclaró que en la Alcaldía 'los funcionarios no piden dinero en efectivo por un trámite sino que tienen que ser, en caso tal, en cuentas bancarias estipuladas y a través de recibos de la Administración pública y en las mismas ventanillas de la Alcaldía'.
Cronología para que una vivienda llegue a remate
Para rematar un inmueble que está cobijado con embargo y secuestro dentro de un proceso ejecutivo o ejecutivo hipotecario, la ley procesal civil, que es la aplicable para los bienes como los ‘ofrecidos’ por la firma Global Brokers, establece lo siguiente:
Instaurada una demanda, el juez libra mandamiento de pago, es decir, le ordena al deudor pagar la obligación. Al mismo tiempo ordena el embargo y secuestro del bien pero previamente el acreedor debe pagar una caución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil. Antes de dictar sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, el juez debe resolver las excepciones (medios de defensa del demandado) presentadas por el deudor, si las hubo, pero para llegar al remate el juez debe haber negado las excepciones.
En la fase siguiente el juez ordena liquidar el crédito y condenará en costas al demandado. Así mismo, según el artículo 516 del mismo código, se procederá al avalúo del inmueble embargado y secuestrado. Si aún persiste la negación de pagar la deuda, la ley establece (artículo 517 ) realizar el remate del bien, para lo cual el juez fijará fecha y hora, señalando un porcentaje del 70% del avalúo como base para hacer postura de los interesados. Se debe publicar un aviso de remate en la secretaría del juzgado, en un periódico y difundirlo en la radio.
El que pretenda hacer postura deberá consignar el 40% del avalúo del inmueble. Si no hay postores, el porcentaje del avalúo que sirve de base se disminuye al 50%. Aquí el acreedor puede solicitar la adjudicación de la vivienda. Llegar a la fase del remate no equivale ineludiblemente a que el bien lo pierda el deudor, porque hasta esa parte del proceso la deuda puede ser cancelada y el proceso termina por pago total de la obligación, quedando jurídicamente sin efecto todas las etapas anteriores.
