Un ladrón vestido como vigilante y con el rostro cubierto con un casco se llevó 10 revólveres calibre 38 de la oficina de monitoreo de la empresa Serviconi, que le presta el servicio de seguridad al edificio del Centro Cívico.
Entró como 'cualquier parroquiano, como cualquier trabajador', detalló el coronel Ramiro Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana, que además confirmó que por el hecho ya fueron vinculados a la investigación los trabajadores que estaban de turno.
'Es que allí –anotó–, hay unos celadores que tienen que garantizar primero la seguridad del sitio y también de lo que tienen a su interior'.
El hurto se registró entre las 11 y las 12 de la noche del miércoles, con base en los registros de video de las instalaciones. El horario del palacio de justicia es de 8 a.m. a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes.
El ingreso del extraño al parecer no llamó la atención de los demás vigilantes. De acuerdo con el oficial, simplemente caminó hacia el sitio, aprovechó el descuido de todos y accedió adonde guardaban las armas. Aparte de eso, en el momento no había cambio de turno por lo que las autoridades policiales presumen que el autor del delito esperó el momento ideal para cometerlo.
La Policía anunció que entregará recompensa por la información sobre la ubicación de esas armas, porque 'así sean pertenecientes a una empresa, la dificultad es el destino que pueden tomar', añadió Castrillón. El dinero ofrecido es hasta 200 mil pesos por cada arma, aparte de la información sobre los autores del ilícito.
GANÓ ÚLTIMOS DOS CONTRATOS
Solo hay dos accesos para llegar hasta la oficina de monitoreo de seguridad asignada a Serviconi, en el segundo piso del complejo judicial del Centro Cívico: la escalera de la entrada al público, por la carrera 45, y la escalera de entrada para funcionarios públicos, en la calle 40.
En ambos puntos hay dos puertas corredizas con acceso vigilado por cámaras. Por eso los investigadores de la Policía cuentan con los videos que muestran el hurto.
EL HERALDO llegó ayer a la oficina de la Administración Judicial de Barranquilla, cuyo director ejecutivo es Carlos Guzmán Herrera, pero sus asistente informó que 'está de vacaciones'.
También intentó conocer la versión de las directivas de Serviconi, que según el Registro Único Empresarial y Social (Rues) son María De los Reyes Angulo Carpio, gerente; Hernán Pacheco Sánchez, representante legal principal; y Margie Díaz Angulo, representante legal suplente.
La recepcionista que contestó el teléfono 3784866 indicó, sin embargo, que –a las 10:38 a.m.– estaba 'estudiándose la situación en una reunión'. Se suministró un celular para obtener la respuesta, mas no la hubo hasta el cierre de esta edición.
En el sistema electrónico de contratación pública hay registros de que Serviconi ganó en 2012 y 2013 la licitación pública para el servicio de vigilancia privada armada con la dirección ejecutiva seccional de Administración Judicial Barranquilla. El contrato 01-2013 fue firmado por $1.486 millones y el 03-2012, por $1.521 millones.
Entre las instalaciones a su cargo están el Tribunal Superior de Barranquilla, el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Palacio de Justicia de Barranquilla (edificios Centro Cívico y Lara Bonilla) y el Centro de Servicios Judiciales en la antigua sede de Telecom.
