Sandra Rodríguez ya estaba preparada para salir la noche del Viernes Santo en la procesión del Santo Sepulcro, de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio Boston, cuando se enteró de que el recorrido de la peregrinación no se daría.
Con indignación, la mujer señaló que, según lo que recuerda, era 'la primera vez', 'en los 85 años de la iglesia', que no se celebraba esta manifestación religiosa.
'Si la causa real fue porque no se pudieron pagar los impuesto, le digo a las autoridades que esto es algo libre y debe estar exento de pagos. No hacerlo atenta contra la tradición', comentó la devota.
La reacción de Sandra se dio a raíz de los comentarios que otros feligreses hicieron esa noche, y tuvieron que ver con que la procesión no iba a salir por la falta del pago de un impuesto en la Secretaría de Movilidad del Distrito.
Para Efraín Gómez, habitante del sector y quien aseguró estar vinculado al templo desde hace 40 años, el descontento se dio porque la iglesia suspendió la procesión, argumentando en parte la imposibilidad de pagar el impuesto definido para tal fin, que calculó en $600.000, y porque algunas personas decidieron no salir, entre esas el sacerdote.
Frente al caso, el párroco de la iglesia, Vidal Mallorga, señaló que la confusión se dio porque los líderes y grupos de la parroquia decidieron quedarse dentro de la iglesia orando, y varios feligreses 'tradicionales' se molestaron al no haber procesión. 'No fue por un problema de impuestos, simplemente que varios de los asistentes prefirieron quedarse dentro de la iglesia orando', afirmó.
Aunque Mallorga descartó que los impuestos fueran la única causa de la decisión, sus palabras se sumaron al descontento de los feligreses frente al cobro para los rituales religiosos que requieran el uso de las vías. 'Hay que revisar la norma porque afecta las manifestaciones religiosas y el libre culto. Prefiero destinar ese dinero a las personas necesitadas de la parroquia, y a quien realmente requiera de una ayuda', enfatizó el sacerdote.
Reacción. Consultado por EL HERALDO, el secretario de Gobierno del Distrito Roberto Pérez indicó que la norma 'establece que toda persona natural o jurídica, o institución pública o privada, interesada en la realización de eventos públicos deberán cumplir con los requisitos legales establecidos en las normas vigentes, especialmente lo dispuesto en el decreto 0012 de 2005 y en el artículo 172 del decreto 924 del 2011 o Estatuto Tributario'.
Según el funcionario, 'se debe realizar un cobro sobre los espectáculos que impliquen el cierre de vías y que cuenten con una asistencia superior a 600 personas, por esta razón establece el pago de una tarifa de 3 salarios mínimos legales diarios vigentes que corresponde a la cancelación ante la Secretaría de Movilidad, el Damab, Oficina de Prevención y Atención de Desastres, Policía, Defensa Civil y Cruz Roja'.
De acuerdo con Pérez, este pago de aranceles 'corresponde a un plan de contingencia ya que las autoridades distritales están en la obligación de exigir su cumplimiento, porque no hacerlo pone en riesgo la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos que participan'.
El funcionario luego instó a las comunidades a 'conocer un poco más la norma a fin de evitar caer en comentarios'.
Ya en 2014 varias iglesias suspendieron sus procesiones durante la Semana Mayor ante la imposibilidad de pagar los respectivos impuestos.
