El panorama ambiental es alarmante en todos los puntos cardinales de Barranquilla: la ‘pajarita’ está acabando con los árboles en los alrededores del Hospital Nazaret, en Cevillar; en el bulevar del Recreo; en las calles o parques de barrios como San Felipe, Montes, Simón Bolívar, Los Nogales y en las otrora frescas avenidas de El Prado.
Un recorrido de EL HERALDO por la ciudad permitió evidenciar que por todas partes hay almendros, robles, matarratones, caraqueños, mangos y laureles, entre otras especies, muertos o enfermos.
'El 70% de los árboles están afectados por esta planta parásita', afirma la Asociación de Ingenieros Agrónomos, a través de su expresidente William Peña, con base en un conteo que hicieron en noviembre pasado. 'Proteger la flora constituye una prioridad dentro de la política ambiental del país, pero en Barranquilla sucede lo contrario', enfatiza Fernando Avendaño, actual presidente.
Mueren los más valiosos
Dentro de lo que está sucediendo, lo más grave es que los árboles afectados forman parte de aquellos que están en capacidad de 'aplacar el calor' con su frondosidad y de actuar como 'importantes laboratorios ambientales' que capturan el dióxido de carbono y producen oxígeno. Por eso Peña advierte: 'Perder el 70% de estos árboles sería una hecatombe ambiental'.
Al respecto, María Cristina Martínez Habibe, doctora en biología y docente de la Universidad del Norte, precisa que los árboles grandes 'son un tesoro para cualquier ciudad; no tienen valor económico y son de valiosa importancia por el servicio que le prestan a la comunidad'.
Por eso, la académica sostiene que para este tipo de árboles debe existir 'una consideración y un cuidado especial, permanente'.
En su análisis, la bióloga va más allá. Señala que, económicamente para la Barranquilla, 'lo más sensato es cuidar los árboles grandes que tenemos' y, a la par, contar con un 'plan de contingencia' con un vivero de árboles en crecimiento que permita 'ampliar la zona verde de la ciudad con árboles que den sombra y no con palmeras'.
Tramitología ambiental
Al tiempo que Peña no duda en calificar lo que está sucediendo como 'un desastre que puede empeorar', Avendaño advierte que dejar acabar la población arbórea, por la falta de gestión del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (Damab) y la falta de acción de la Alcaldía, es 'condenar a los barranquilleros' a tener 'peor calidad de vida' porque habrá menos oxígeno y mayor contaminación.
Martínez Habibe dice que frente a la expansión de la ‘pajarita’ es necesario 'mantener un monitoreo constante' y 'actuar para controlarla'.
Sin embargo, su recomendación choca con dos realidades. En primer lugar, el Damab, en medio de la crisis administrativa y financiera que vive, lo que menos ha hecho es frenar esta planta.
Luis Olivares, presidente de la Asociación Sindical de Empleados y Trabajadores del Medio Ambiente del Damab, denuncia que durante 2014 y 2015 'no se han realizado podas ni trabajos' para contrarrestar el efecto dañino de la ‘pajarita’. Asegura que a la saliente directora del Damab, Jackeline Reina, le pidieron información sobre cómo iban los proyectos contra la planta parásita y la arborización de la ciudad, 'pero su oficina era un búnker y no nos brindó información'.
En segundo lugar, contra la recomendación de la docente universitaria opera todo un trámite burocrático que el Damab creó para buscar más recursos, pero logró el efecto contrario: al tener que pagar para que le autoricen la poda y luego contratar a un podador, los barranquilleros perdieron el interés de cuidar los árboles sembrados en sus casas, bien sea en la parte exterior o en los patios.
EL HERALDO estableció que el trámite para una poda incluye llenar un formulario en el Damab, esperar que autoricen la visita y que el funcionario que vaya apruebe el procedimiento, luego hay que pagar en el Banco Sudameris lo que diga la entidad (todo depende del tamaño del árbol) y por último contratar a un podador. El interesado debe, como mínimo, pagar de 60 a 70 mil pesos.
'Para mantener un árbol sano no le veo sentido que haya un cobro de por medio', enfatiza la bióloga María Cristina Martínez.
Carlos Calderón vive en el barrio el Recreo y frente a su casa hay un roble moribundo por cuenta de la ‘pajarita’. Asegura que si hubiera ramajeado el árbol a tiempo, estuviera en mejores condiciones. 'Yo lo hacía por las noches y botaba las ramas, pero si a uno lo pillan ahora lo multan. Como hay que pedir permiso, hacer un papeleo y pagar, entonces uno deja eso así', dice.
En San Felipe, calle 64 entre carreras 23 y 22D, Meibi Núñez testifica que cuando la planta parásita atacaba los árboles del sector, los vecinos los podaban. Con las nuevas reglas 'llamaron al Damab y dieron la orden de no ramajearlos. Entonces los palos se cundieron', revela.
Emita de Lapeira, vicepresidenta del Club de Jardinería, explica que para que un árbol crezca frondoso, saludable y dé buena sombra, deben pasar entre 10 y 15 años. 'Da tristeza que se mueran nuestros árboles por algo que pude remediarse fácilmente', dice.
Aumento del calor
Mientras el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) enuncia que en los próximos 20 años Barranquilla debe avanzar en materia ambiental para garantizar un área de 6 metros cuadrados de zona verde por habitante, contra los actuales 0,86 m2/hab –hoy la Agencia Hábitat de la ONU plantea como mínimo aceptable 10 m2/hab–, la destrucción que genera la ‘pajarita’ augura lo contrario respecto a esa meta.
El agrónomo Peña recuerda que un árbol con una cobertura de sombra tiene la capacidad de bajar de 2 a 3 grados la temperatura ambiente debajo de sus ramas. 'Es decir –advierte- que si estos árboles grandes mueren, el calentamiento de la ciudad será mayor'.
La bióloga Martínez anota, también, que cuando no hay árboles 'aumenta la temperatura del aire' en el área afectada, el suelo pierde la capacidad de 'retener agua' y hay 'más probabilidades' de erosiones.
Daños a sufrir
De acuerdo con los especialistas, la expansión de este daño ambiental puede ser: irreversible, en los casos de que los árboles mueran y no sean remplazados –es lo que está sucediendo en muchas casas–, o de lenta recuperación, si un árbol enfermo debe ser podado para dejar solo su tronco o si el que resiembren es pequeño.
'Alcanzar una nueva cobertura en sombra puede tardar años', manifiesta Peña y recalca que la ‘pajarita’ está matando especies que pueden durar 70 años sirviéndole a la ciudad. 'Hay muchos árboles en cuidados intensivos y pueden salvarse, pero hay que actuar sin demora', dice Fernando Avendaño quien recuerda que en julio de 2014 ofrecieron al Damab colaborarle para enfrentar esta emergencia, pero 'no hubo respuesta alguna'.
Desorden administrativo y financiero en el sector ambiental
A Barranquilla no le ha ido nada bien desde que fue expedida la Ley General Ambiental de Colombia (Ley 99 de 1993) y comenzó el proceso de descentralización de este sector a nivel territorial. Tanto el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (Dadima) como la entidad Barranquilla Medio Ambiente (Bama) sucumbieron ante los malos manejos administrativos y financieros.
Más que vigilar y promover las buenas prácticas industriales y comunitarias en materia ambiental y ecológica, esas dos entidades fueron convertidas en fortines políticos. Con sus liquidaciones taparon las ferias de millonarios contratos y nombramientos burocráticos, ordenados especialmente en épocas preelectorales. En 2004, a través del Decreto 0208 del 7 de junio, la Alcaldía reemplazó al Bama por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (Damab), que, al igual que sus antecesoras, ha vivido de crisis en crisis en sus casi 11 años de existencia, también por cuestionados manejos administrativos.
'Uno no pude gastar más de lo que recibe', dijo, el pasado 27 de enero, la propia alcaldesa Elsa Noguera en referencia a lo que hoy sucede en el Damab por el incremento en las órdenes de prestación de servicios y sus menores recaudos. A esto se suman deudas salariales y prestacionales de 2014, así como embargos por acreencias de administraciones anteriores. Noguera recordó ese mismo día que al iniciar su Gobierno en 2012 presentó un proyecto de Acuerdo para que el Concejo 'aprobara la liquidación del Damab' con el fin de que el Distrito asumiera de manera directa el control ambiental. Al respecto, Antonio Marsall, presidente de Sinserpudedisba, dijo a EL HERALDO que la saliente directora del Damab, Jackeline Reina, 'aumentó la nómina' –en 2014 hubo elecciones parlamentarias– de 67 a 102 cargos. 'Hicieron nombramientos en áreas diferentes a las de gestión ambiental y jurídica, que son las que deben reforzarse', precisó. Marsall, sin embargo, se distanció de lo afirmado por la Alcaldesa. Dijo que el Distrito ha 'debilita el Damab como autoridad ambiental' y sostuvo que mientras su presupuesto es de $8.300 millones, la Alcaldía maneja, en diferentes secretarías, $129.000 millones para 'componentes ambientales' que, a su juicio, no reflejan resultados.
El Damab tampoco maneja los $6.000 millones de la tasa retributiva: en el Plan de Desarrollo del primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, por iniciativa de congresistas de Cambio Radical, se los endosaron a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
También le quitaron las funciones de los Caminantes Ambientales. Ante estos hechos, el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, Fernando Avendaño, opinó que con ese desorden y la incertidumbre institucional 'pierden Barranquilla y su medio ambiente, porque el deterioro será cada día peor'.
