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—Ya saben, hay que tener cuidado con eso de las facturas. Las ventas a Venezuela deben cuadrar con lo de Aruba y Panamá.

La advertencia forma parte de un sinnúmero de interceptaciones telefónicas que la Policía y la Fiscalía grabaron a quienes, hasta el pasado miércoles, dirigían una compleja red delictiva que manejaba el 70% del contrabando de cigarrillos en el país.

Durante 18 meses, la Fiscalía General, la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en asocio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), siguieron día a día, sin descanso, las huellas de la 'organización criminal' que entre 2006 y 2015 dejó de pagar $465.686 millones en impuestos.

La red era encabezada por Óscar Toro Henao y su esposa Yohani Franco Ramírez, residentes en Fusagasugá, Cundinamarca; Jairo Gil Ruiz, cuñado de Toro y residente en Medellín; su hijo Jaime Gil Toro, y los comerciantes Diego Rúa Restrepo y José Díaz Maestre.

Los tres últimos fueron capturados en Maicao, La Guajira, junto con Hernán Serna Castro, Jennifer Toro Rochel, Osneidis González Mejía, Dulcina Rodríguez Solano, Nordis Bernal Urbaez, Elerin Gómez Polanía y Yuri Cuadrado Brito, administradores, contadores y revisores fiscales de empresas como Inversiones 5 Estrellas, Provisiones El Tesoro, Inversiones Toro Franco, Provisiones Siglo XXI, Comercial Jimmy, Comercial Sofi G, Comercial Hobby, Provisiones Jogui, Bodegas Costa Azul, Comercial Zúñiga, Provisiones Anymar y la empresa Portobello, utilizadas por el cartel para negociar cigarrillos. También importaron licores, como whisky, aunque en menor cuantía: 75.000 litros.

Con excepción de Jennifer Toro –dos meses de embarazo con riesgo de aborto– y Jaime Gil –enfermo con cáncer terminal– a quienes les dictaron detención domiciliaria, la jueza primera penal municipal de Valledupar con funciones de control de garantías para bandas criminales, Luz Patiño, envió a la cárcel a los otros 12 capturados.

Entre estos se encuentra Óscar Parra Rivera, agente de la Polfa, quien es señalado de recibir sobornos. 'Él traicionó su compromiso ético y profesional', consideran sus superiores.

LA OPERACIÓN

'Hemos decapitado una verdadera estructura criminal'. Así definió el mismo miércoles el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, el resultado de la investigación que calificó como 'perfecta'. 'No hubo–agregó– fuga de información'.

Y no era para menos. El Fiscal General (e) Jorge Perdomo dijo que lo logrado hace parte de la nueva política de las 'investigaciones en contexto', a través de la cual buscan llegar a 'grandes organizaciones criminales'.

Pero, ¿qué tan grande era la red que manejaban los esposos Toro Franco, quienes terminaron construyendo con las ganancias el lujoso Centro recreacional Valle de Elí en Fusagasugá?

Un fiscal involucrado en la investigación detalló que la organización importó 11.807 millones de cigarrillos de Paraguay –Tabacalera del Este, propiedad del presidente Horacio Cartes–, de Uruguay –Tabacos Monte Paz–, y de China. Los compraron a empresas radicadas en Aruba, Curazao y Panamá.

Las importaciones sumaron $281.000 millones.

'En las islas (Aruba y Curazao) hay unas familias que han sido investigadas por lavado de activos', dijo la fuente a EL HERALDO.

Además de los seguimientos encubiertos, para los cuales utilizaron agentes de civil que fingieron ser compradores de importantes cantidades de cigarros, y de las interceptaciones telefónicas a los capturados, los investigadores fueron apoyados por un equipo de contadores que logró 'descifrar detalladamente' las violaciones legales cometidas por la red.

De acuerdo con el régimen existente, a través de Zonas Aduaneras Especiales como la que integran las poblaciones guajiras de Maicao, Uribia y Manaure, pueden hacerse importaciones de cigarrillos pagando un 4% de impuesto, pero los dueños de esa mercancía deben reexportarla.

'Eso fue lo que descubrimos: no lo hicieron a Venezuela como le reportaban a la Dian. Usaron facturas falsas, con nombres de venezolanos a los que decían les vendían los cigarrillos', indicó la fuente de la Fiscalía. Por eso las advertencias de 'cuadrar todo bien' que escucharon los investigadores.

SIN DESCANSO

Tras iniciar la operación, el general Gustavo Moreno, director de la Polfa, ordenó no perder una sola pista en los seguimientos. 'No hacerlo era dejar de conocer información valiosa, por lo que nuestra gente trabajó día y noche', reveló un oficial responsable de la investigación.

Otro detalle es que la Policía designó para este trabajo a varios de sus más expertos investigadores en seguimientos a bandas criminales dedicadas a otras actividades, como el Clan Úsuga.

Justamente, en investigaciones pasadas el contrabando de cigarrillos fue asociado al lavado de dólares de parte de grupos señalados de narcotráfico como las Farc y los Úsuga (anteriormente Urabeños). Una vez conocieron que la empresa criminal no reexportaba los cigarros a Venezuela ni a otro país,la investigación se dirigió a saber qué pasaba con las miles de cajetillas de marcas como Marshal, Ibiza, Silver Elephant, Golden City, Rumba, Brass, Aura, Win, NorthStar, Santa Fe, Lanco, entre otras, que compraban mes tras mes.

VENTAS NACIONALES

Descubrieron entonces que en el modus operandi utilizaban buses intermunicipales, camiones con doble fondo, caletas hidráulicas y tanques de gasolina falsos para distribuir la mercancía en todo el territorio nacional.

El 39% lo vendían en la Región Caribe; el 40% en Antioquia y Chocó; el 9%, en los santanderes; el 7% en Bogotá y el 5% en el Eje Cafetero.

'Esta estructura criminal, entre otras, instrumentaliza a muchas a personas que en tiendas y supermercados de barrios comercializan los cigarrillos', reveló el general Palomino.

Y fue más allá el oficial. Tras anunciar que 'la investigación no termina aquí', expresó que seguramente 'va a descender en forma de cascada' y puede afectar a quienes se 'dejan utilizar' en tiendas o otros comercios de barrios y mercados públicos para 'vender estos productos que son ilícitos por no pagar impuestos'.

Además de los riesgos legales a los que hace referencia el Director de la Policía, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llamó la atención sobre los perjuicios sociales.

'Los casi 500 mil millones de pesos que dejaron de pagar en impuestos hubieran servido, por ejemplo, para darles subsidios a 500 mil adultos mayores más en el país', dijo al señalar la dimensión del daño causado.

SOBORNOS MILLONARIOS

Además de las revelaciones de las fuentes consultadas por EL HERALDO, este diario conoció, durante la audiencia en la que fueron presentados los 14 capturados, otros detalles de la organización delictiva.

El fiscal que presentó la imputación reveló que la red gastaba cerca de $10.000 millones en el pago de sobornos. Eran parte de los 'gastos de la operación', teniendo en cuenta que las multimillonarias ganancias que deja este tipo de contrabando 'representan una relación de tres por uno'.

Debido a las multas millonarias y a las condenas que deberán pagar por los delitos de lavado de activos en concurso heterogéneo con concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado, contrabando, importaciones y exportaciones ficticias, es posible que, en busca de que les rebajen las condenas, dentro de la judicialización se abra un proceso de colaboración con la justicia para que los capturados revelen detalles y nombres de personas implicadas en el ilícito.

TODO CALCULADO

El fiscal indicó que a conductores de camiones y buses intermunicipales les 'pagaba sumas atractivas' para llevar el contrabando de cigarros a departamentos costeños o del interior del país.

Esto a sabiendas de que si había alguna incautación, según las normas, al chofer le imputan el delito de favorecimiento al contrabando si la mercancía supera los 50 salarios mínimos legales vigentes, pero si es inferior a ese valor el procedimiento solo daría para un acto administrativo y la aprehensión de la mercancía.

Tras detallar que de Paraguay y Uruguay trajeron 8.100 millones de cigarrillos y de Panamá 3.700 millones, el delegado de la Fiscalía explicó ante la juez Luz Patiño que los cigarrillos importados pueden tener un precio de 75 dólares por paca para los mayoristas, unos $160.000, pero en Maicao son vendidas entre $280.000 y $330.000 cada una, según la marca, teniendo ganancias en principio de entre $120.000 y $170.000, pero una vez superados los controles, la paca puede costar en Valledupar $500.000.

'Estas actividades generan un enriquecimiento ilícito, subyacente al de lavado de activos en el momento que estos dineros son transformados en el sector real en bienes inmuebles, vehículos y otras propiedades para darle apariencia de legalidad', puntualizó.

Ventas en tiendas y el mercado de Barranquilla

—¿De cuál quiere: del caro o del barato?

—Muéstreme para ver. ¿Tiene Ibiza?

—Ibiza no, pero le puedo conseguir, aquí cerca, el cartón a $10.000. Mire, tengo estos otros... El vendedor, en el antiguo mercado de las EPM, saca tres cartones de cigarrillos –de 10 cajetillas– de NorthStar, Santa Fe y Native, el primero y el segundo hechos en Uruguay y Paraguay, respectivamente, a $7.500 cada uno; del tercero, aunque dice en el empaque que procede de Akwesasne, una zona indígena entre EEUU y Canadá, el vendedor explica que lo hacen en China y cuesta $5.000 el cartón. Así de fácil es la venta de cigarros de contrabando en la capital del Atlántico, donde uno los puede adquirir en el Centro y el Mercado en cajetillas o al menudeo en tiendas y chazas estacionarias. En otras ciudades o pueblos del Caribe sucede lo mismo.

EL HERALDO compró no solo cigarrillos paraguayos y uruguayos, como los que traía la red desmantelada el miércoles pasado en Maicao, La Guajira, sino otros como Jet, producido en Indonesia, o Marlboro, producidos por Philip Morris en Neuchâtel, Suiza. 'También son contrabando', dice el secretario de Hacienda Departamental, Juan Carlos Muñiz. De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, FND, estos entes territoriales pierden al año por el contrabando de cervezas, licores y cigarrillos $1,5 billones. Amylkar Acosta, presidente de la FND, afirma que como dichos recaudos tienen 'destinación específica para la educación y la salud', por el no pago de impuestos en el caso del cigarrillo los colombianos ven afectado en derecho fundamental como el de la salud al no pagarse $400.000 millones. 'El contrabando y la minería ilegal se han convertido en las principales fuentes de financiamiento de la criminalidad', enfatiza y sostiene que 'de allí la importancia de combatirlos con eficacia'. En el Atlántico, de acuerdo con datos del gobernador José Antonio Segebre, las incautaciones de cigarrillos de contrabando, a través de operativos de la Dian, crecieron en 2013 y 2014 en un 1.300%. 6.881.160 unidades de contrabando fueron incautadas, destaca el mandatario.

LA EMPRESA PRESIDENCIAL

La Fiscalía dijo que la investigación llevada a cabo 'no versaba' sobre si los cigarrillos comprados en el exterior son legalmente producidos, sino sobre el no pago de impuestos en Colombia. Empero, a nivel continental existen cuestionamientos a los negocios que, por ejemplo, hace la Tabacalera del este, propiedad del presidente de ese país, Horacio Cartes Jara. Las 13 marcas de cigarros que fabrica 'inundan' los mercados desde Brasil hasta México. Infructuosamente EL HERALDO quiso hablar con directivos de la tabacalera y la presidencia paraguaya para conocer qué piensan de tales críticas.