Rosmery Quintero, directora ejecutiva de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, entró a mediar en la polémica entre el Distrito de Barranquilla y las empresas Ciledco y Coolechera por el cobro de impuesto de Industria y Comercio.
La dirigente gremial sostuvo que por muchos años las cooperativas lecheras han tenido exoneración (no en todos los productos que generan el pago del Impuesto) sino en la leche líquida y esto tiene justificaciones muy válidas al compararlo con el Estatuto Tributario Nacional en cuanto al IVA.
'La leche está exonerada del IVA porque es uno de los productos básicos de la canasta familiar y es un factor nutricional primordial para los niños en crecimiento', dijo Quintero al señalar que es necesario que el Distrito se siente a dialogar con estas cooperativas lecheras.
Quintero considera que hay un factor que no se ha medido y es que hay un sector empresarial en general expuesto a muchos Tratados de Libre Comercio.
'Si el Distrito no se sienta a concertar con ellas están corriendo un riesgo. Hoy una toneladas de leche en polvo puede llegar a Colombia con un valor de $5 millones de pesos, en cambió producirla cuesta 8 millones de pesos, es decir, $3 millones en desventaja', señaló la directiva gremial.
En opinión del abogado Rolando Ibáñez Moreno, magíster en Derecho con énfasis en Tributación, la ley establece la prohibición de gravar con el impuesto de Industria y Comercio la actividad primaria agrícola ganadera y avícola, que se entiende referida al agricultor, ganadero y avicultor, pero que por interpretaciones del Consejo de Estado del siglo pasado, la referida exclusión del pago del impuesto comprendía las cooperativas lecheras, como una extensión de la personalidad de los ganaderos.
La posición del Consejo de Estado cambió y se empezaron a considerar a las cooperativas lecheras sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio en razón de que se trataba de un ente con personalidad jurídica propia, que compraba la leche a los ganaderos y posteriormente la vendía al consumidor final, lo cual constituía una actividad comercial independiente.
Considera Ibáñez que con esta nueva posición jurisprudencial la administración tributaria de Barranquilla inició las acciones de revisión correspondiente, que culminaron con la liquidación oficial de los tributos dejados de cancelar, acto administrativo que fue objeto de demanda de nulidad y restablecimiento de derecho por parte de las cooperativas lecheras y que recientemente denegó en primera instancia el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Sin embargo, hay que abonarle a las cooperativas lecheras que al excluir del pago del impuesto la venta de leche, actuaron respaldadas en la jurisprudencia previa que las favorecía.
'La decisión final estará en manos del Consejo de Estado, quien podrá mantener a las cooperativas lecheras gravadas con el impuesto o retornar a su posición inicial de excluirlas del pago', agregó.
