La diligencia de restitución del inmueble de 15 hectáreas ubicado en Puerto Colombia a la altura de la universidad San Martín, tuvo que ser suspendida ayer a las 2:30 de la tarde. Para mañana a las 10:00 a. m. fue anunciado que se procederá nuevamente con el desalojo, según manifestaron las autoridades al final del fallido procedimiento.
Los motivos de la postergación varían según los testimonios de las partes que se disputan el terreno que conecta a las carreras 46 y 51B (ver mapa).
La Policía llegó alrededor de las 11:30 de la mañana al predio a cumplir con la orden que le habían asignado. Desde esa hora y hasta las 2:30 de la tarde permaneció cerrada la carrera 51B.
Unos 75 hombres del Esmad estaban separados por una lona verde y una cerca de alambre de púas de los ocupantes pertenecientes a la etnia wayuu. Vilma Marimón, una mujer que asegura ser la dueña del predio 'por una herencia que le dejaron', dice que son sus 'primos' que llegaron a proteger sus terrenos.
Mientras los indígenas formaban un cerco humano para impedir la entrada de la Fuerza Pública al inmueble, un helicóptero sobrevolaba el sector y miembros de la Policía Militar acordonaban el área por la parte de atrás.
En un descuido de los ocupantes, el Esmad entró y se vivieron momentos de tensión cuando ambos bandos se encontraron, pero más allá de los gritos y los empujones, la situación no derivó en enfrentamientos.
Para Marimón, que se justifica en varios autos firmados por inspectores, la razón de suspensión 'se debió a un mal trámite' de la Policía y la Alcaldía de Puerto Colombia.
Como pudo constatar EL HERALDO, la mujer está en el terreno en compañía de unos 37 miembros de la etnia wayuu (18 mujeres, 12 hombres y 7 niños), acompañados de varios chivos y material para armar cambuches y casas.
'Se dieron cuenta que estaban vulnerando nuestros derechos y que su procedimiento estaba mal hecho', señaló Marimón, quien es abogada, al final de la diligencia.
Un representante de los abogados de la contraparte, quien prefirió no revelar su nombre, indicó que el asesor jurídico de la Alcaldía de Puerto Colombia, Leonardo Vargas, quien cumplía funciones de inspector de Policía, 'determinó el aplazamiento por condiciones meteorológicas', debido al aguacero que cayó ayer en Barranquilla.
Marimón pidió la presencia del procurador general de la Nación para que intervenga en la disputa de los predios y vigile la legalidad de las actuaciones en el proceso.
Desalojo
Desde las 9 de la mañana los ánimos estaban exaltados en el terreno ocupado por el grupo wayuu. En Puerto Colombia se estaban adelantando los papeles para realizar la diligencia de restitución del inmueble. El secretario jurídico del municipio solicitó a la comandante (e) Katerine Saens, apoyo policivo para el desalojo.
La petición estuvo motivada por una sentencia policiva del 6 de junio de 2015. El documento conocido por este medio establece 'ordenar la restitución de los inmuebles objeto de los amparos policivos de fecha 8 de septiembre de 2008 a favor de las sociedades Construcciones e Inversiones Atique, y la sentencia fechada 13 de febrero de 2014 a favor de Finanzal del Norte y CIA S.C.A'.
El texto también dispone que 'si fuese el caso' se ordena 'el lanzamiento de quienes lo están poseyendo en forma ilegal al anularse todo el procedimiento que dio origen a la actual ocupación'.
La mencionada ocupación habría sido ordenada por Alberto Angulo Angulo, inspector de Policía de Puerto Colombia. El documento en poder de Marimón, firmado el 6 de junio pasado, resuelve: 'ordénese dejar amparado y protección a la seguridad jurídica de los fallos judiciales del juzgado Quinto de Familia y Tribunal Superior de la Sala Civil de Familia, por existir providencia judicial a la señora Vilma Del Carmen Marimón López, en el inmueble ubicado con las siguientes medidas y linderos (lote conocido como Mamonal, ubicado en la calle 14 con carrera 26), los cuales se encuentran en dictamen rendido por la doctora Diana Pérez Romero (perito topógrafa), quien es auxiliar de justicia en el corregimiento de Sabanilla'
La lluvia y los problemas con el procedimiento, según las partes, suspendieron la diligencia que tendrá un nuevo capítulo mañana. Ya antes, en el mismo predio en el valorizado corredor universitario, se realizaron desalojos el 15 de mayo pasado y el 25 de junio de 2014.
Corte Constitucional
Mediante sentencia T-527/11 la Corte Constitucional estableció que el procedimiento de desalojo es una medida que busca recuperar la tenencia de un bien ocupado sin justo título.
En efecto, el desalojo es un procedimiento que permite recuperar materialmente un bien que fue tomado de manera ilegitima (...) este es un medio coercitivo que reconoce el ordenamiento jurídico para evitar que por vías de hecho se consoliden situaciones de derecho que perjudiquen los derechos legítimamente adquiridos.
Esta medida para que sea legítima debe adelantarse con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas desalojadas.
