Para hoy, a las 10 de la mañana, está programada la diligencia de restitución del inmueble de 15 hectáreas ubicado en Puerto Colombia, frente a la universidad San Martín.
El proceso de desalojo fue ordenado por Carlos Altahona, alcalde del municipio, mediante una sentencia policiva del 6 de junio de 2015.
En ella se ordena 'la restitución de los inmuebles objeto de los amparos policivos de fecha 8 de septiembre de 2008 a favor de la sociedad Construcciones e Inversiones Atique, y la sentencia fechada 13 de febrero de 2014, a favor de Finanzas del Norte y CIA. S.C.A'.
El texto también dispone que 'si fuese el caso' se ordena 'el lanzamiento de quienes lo están poseyendo en forma ilegal al anularse todo el procedimiento que dio origen a la actual ocupación'.
La diligencia se iba a llevar a cabo el pasado lunes pero tuvo que ser suspendida a las 2:30 de la tarde debido a la fuerte lluvia que cayó sobre Barranquilla y su área metropolitana, según apuntó Leonardo Vargas, asesor jurídico de la alcaldía con funciones de inspector de Policía.
Altahona envió un oficio al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Ramiro Castrillón, para 'realizar diligencia de restitución'.
El terreno en disputa fue ocupado con 37 miembros de la etnia wayuu (18 mujeres, 12 hombres y 7 niños) quienes llegaron al lugar con chivos y material para armar cambuches.
Los indígenas están acompañando a Vilma Marimón López, quien asegura ser la dueña del predio 'por una herencia que le dejaron'. Marimón manifestó que los wayuu son sus 'primos' y que llegaron al terreno para protegerlo.
La mujer justificó la 'legalidad' de su ocupación sobre el terreno con un documento firmado por Alberto Ángulo Ángulo, inspector de Policía de Puerto Colombia. En el texto se resuelve: 'ordénese dejar amparado y protección a la seguridad jurídica de los fallos judiciales del juzgado Quinto de Familia y Tribunal Superior de la Sala Civil de Familia, por existir providencia judicial a la señora Vilma Del Carmen Marimón López'.
La contraparte posee documentación de la Oficina de Instrumentos Públicos que los acredita como propietarios de los terrenos.
En una visita realizada por este medio durante el desalojo, se constató que en el lugar habían sido levantados varios cambuches, un corral donde estaban guardados los caprinos e incluso en un sector estaban construyendo una habitación con ladrillos.
En la diligencia habían participado unos 75 hombres del Esmad, un helicóptero, 6 carabineros y cerca de 20 agentes de Policía.
