Íngrid Álvarez, sus dos hijos menores de edad y su esposo y el taxista Luis Villanueva se convirtieron, en las últimas semanas, en parte del creciente grupo de personas que en Barranquilla y su área metropolitana han sufrido la llamada ‘guerra por los pacientes’ de las ambulancias.
La experiencia que vivieron están relacionadas con accidentes de tránsito que, por separado, tuvieron lugar en la avenida Circunvalar de Barranquilla, pero ellos fueron llevados a centros hospitalarios distantes a esos lugares, pese a que las normas dicen todo lo contrario.
Al respecto, el Decreto 3990 de 2007, en su artículo 2 numeral 5, señala que 'la víctima, para efectos de su estabilización, deberá ser llevada a la primera institución prestadora de servicios de salud más cercana al lugar del accidente'.
Si eso quiere, pague. El Día de las Madres, en la avenida Circunvalar con carrera 46. Ingrid Álvarez se accidentó junto con su familia cuando regresaban de Sabanagrande.
Otro vehículo colisionó de frente contra el suyo, ocasionándoles heridas de consideración a ella y a sus dos hijos, de 10 y 8 años, al igual que a su esposo Mario Moreno.
Asegura Álvarez que en menos de cinco minutos llegaron dos ambulancias, una de las cuales la recogió a ella y a sus dos hijos.
'Le dije al conductor que nos llevara a la clínica Porto Azul, que estaba a solo dos minutos y porque me había comunicado con un familiar que estaba esperando para atendernos, pero el paramédico me dijo que no, que íbamos para la Clínica del Sol', denuncia la mujer y recuerda que al insistir en su petición la respuesta fue que 'esa era una ambulancia de Urgemedic y que ellos trabajaban para la Clínica del Sol'.
Álvarez relata que cerca de 15 minutos después llegaron a la Clínica del Sol. Luego de una serie de exámenes que les hicieron, pidió la salida voluntaria, no sin antes solicitar que les entregaran los resultados de los exámenes.
'No me los entregaron', asegura y dice que tampoco quisieron llevarla a la Porto Azul, por lo que le tocó pagar otra ambulancia para llegar a esa clínica con sus hijos.
A su esposo lo recogió la otra ambulancia y él también le pidió que lo llevara a la Porto Azul, pero el conductor, igualmente, le respondió que 'no podía y le dijo que lo llevaría a la clínica Altos de San Vicente; que si quería que lo llevara a donde él decía, tenía que pagarle'.
Moreno hizo detener la ambulancia y fue auxiliado por un conductor particular que lo llevó a la Porto Azul.
'Es terrible que esto suceda', cuestiona Álvarez y afirma que las clínicas 'pagan de 400 mil pesos en adelante por personas heridas a las ambulancias'. Y sentencia: 'Lo sé por médicos que me han contado'.
Servicios de urgencias. En Barranquilla, el Centro Regulador de Urgencias, Crue, vigila las 106 ambulancias que en el Distrito están habilitadas para trasladar pacientes. Lo hace a través del sistema GPS, enlazado con el software Comsatélites.
Carlos Romero, técnico operativo del Crue, dice que el sistema les permite saber hacia dónde se mueven, a qué sitio se trasladan, a qué velocidad van, cuándo las apagan, cuándo las prenden y hasta cuál es su localización.
Explica que cuando entra una llamada al Crue, solicitando una ambulancia, de inmediato 'ubicamos la más cercana'. Todo depende del lugar en el que les indican sucedió el accidente y le dan la orden de atender el caso.
Cada uno de estos pasos queda registrado en el sistema del Centro Regulador de Urgencias. Es decir, destaca Romero, saben la hora en que solicitan la ambulancia, a qué hora llega o si no llega. 'Es un monitoreo las 24 horas', dice.
Francis Torres, directora del Crue, explica que toda esa información es vital para iniciar las investigaciones cuando hay irregularidades.
Admite la funcionaria que cada día reciben 'alrededor de 30 denuncias', porque las ambulancias 'no llegan a tiempo' o porque 'no llevan a los heridos a la clínica más cercana como se les dice'.
Órdenes sin servicio. Torres destaca que desde el Crue, 'sin importar a qué empresa o clínica pertenece una ambulancia', la envía para que socorran a los accidentados y le indican a los paramédicos 'el lugar más cercano' en el que los heridos recibirán atención medica inicial para su estabilización.
En el Centro Regulador de Urgencias funciona la oficina de Atención Prioritaria que tiene como tarea filtrar los casos de posibles incumplimientos de las normas y, posteriormente, la oficina Jurídica es la que determina si hay méritos o no para iniciar una investigación.
La directora del Crue precisa que a esta decisión llegan luego de evaluar el Formato de Traslado Asistencial que debe tramitarse y en el que surgen las 'evidencias si hay un incumplimiento' de la directriz que da el Crue y la decisión que toman los paramédicos al trasladar a los pacientes a un sitio diferente.
'El Crue da una directriz: llevar al paciente al lugar más cercano de atención, dependiendo del sitio en el que ocurrieron los hechos, y hay incumplimiento desde el momento en el que la ambulancia no acata esa directriz. Entonces se inicia la investigación', reafirma Torres.
Un paseo largo. El pasado 28 de junio, el taxi de placa TDW 824 terminó volcado después de que el conductor Luis Villanueva hiciera una maniobra para no arrollar a un motorizado que se voló el separador vial, en la entrada del barrio Santa María con Circunvalar, sur de la ciudad. El accidente dejó cinco heridos, entre ellos un niño de 20 días de nacido.
Al lugar llegaron ambulancias de las clínicas Jaller y Altos de San Vicente que trasladaron a los lesionados a estas entidades asistenciales, en el norte de Barranquilla. Villanueva recuerda que fue llevado al primera de estos centros asistenciales privados.
Sin embargo, estos pacientes, de acuerdo con la prioridad de las normas, debieron ser trasladados al Hospital de la Universidad del Norte, a las clínicas Campbell o La Victoria o al Hospital Cari por ser las instituciones médicas más cercanos.
¿Por qué el personal de las ambulancias toma estas decisiones a sabiendas de que los investigarán?
Roberto Castillo Nieto (foto), defensor público y especialista en derecho de seguro, asegura que las ambulancias se 'pelean los heridos' por accidente de tránsito para llevarlos a clínicas donde 'les dan un incentivo económico, sin importarles la dignidad o la vida humana'. Su concepto coincide con lo denunciado por Ingrid Álvarez.
¿Qué ganan?. En medio de esta especie de mercado por los pacientes, las clínicas reciben importantes pagos al atender a heridos en accidentes de tránsito.
Hasta el año pasado, el Decreto 3990 de 2007 estipulaba que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, cubría un tope máximo de 500 salarios mínimos legales diarios vigentes (unos 11 millones de pesos a precio de hoy) para atender a los heridos o lesionados.
Cuando se agotaba esa reserva, la norma señalaba que el Fosyga cubriría el tratamiento por 11 millones más.
Pero, desde el 14 de enero de 2015 el Gobierno nacional expidió el Decreto 056 que ordena que a través del Soat se cubran los tratamientos equivalentes a 800 salarios mínimos legales diarios vigentes : 17 millones de pesos.
La nueva normatividad establece que cuando el vehículos involucrado en el accidente no tenga Soat (o se trate de un hecho producido por un ‘carro fantasma’) el cobro del tratamiento lo harán las clínicas al Fosyga por 17 millones de pesos.
Tanto en el decreto pasado como en el actual, luego de agotados los recursos del Soat y el Fosyga la atención de los pacientes seguirá por cuenta de las EPS del régimen contributivo, en caso de que el paciente sea un trabajador, o del subsidiado, si el herido es desempleado o no está afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Si se tiene en cuenta que la multa a una ambulancia, en caso de hallarla responsable de la violación de las normas de atención prioritaria –luego de un largo proceso–, es de máximo 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales, equivalentes hoy a 6.440.350 pesos, quiere decir que la clínica propietaria recibirá de todos modos millonarias ganancias por el paciente que le llevaron de urgencia. (Ver Procesos en contra).
Castillo Nieto dice que el solo ingreso de un herido a una clínica genera automáticamente una cuenta de cobro, así después sea remitido a otro sitio, la clínica pasa la cuenta a la compañía de seguro en la que se encuentre afiliado el vehículo, para hacer efectivo el cobro del Soat.
Afirma el defensor público que 'no hay un freno para esta situación' y dice que la Secretaría de Salud debe encargarse de 'poner en cintura a esos operarios de la muerte que son las ambulancias'.
¿Puede un herido pedir no ser llevado a una clínica? La directora del Crue responde que la persona está en el derecho de hacerlo, pero en esos casos se 'hace un informe' de parte de los paramédicos con el fin de dejar constancia de lo sucedido y en caso de que en el nuevo trayecto al paciente lesionado le suceda algo.
Denuncias sin resultados. Armando de la Hoz, gerente de la clínica Campbell, calle 30 con 14 en el sur de la ciudad, dice que el ‘paseo de la muerte’ de las ambulancias es 'complejo y le corresponde a las autoridades tomar control de la situación'.
Revela que han 'luchado' contra el traslado de pacientes a sitios que no corresponden y hasta han hecho las denuncias, pero 'no vemos que se hagan efectivas las sanciones o las medidas disciplinarias que tienen que tomarse'.
De la Hoz asegura que la Campbell limita el campo de acción de sus ambulancias 'dentro del perímetro de la institución', por lo que asegura que a su personal le 'está prohibido trasladar o recoger pacientes en el Norte y traerlos al Sur'.
Denuncia que en la calle 30 con carrera 5, también en la Cordialidad en el puente entrando a Barranquilla, se parquean ambulancias de las clínicas Altos de San Vicente, Jaller y del Sol y 'cuando hay accidentes en esas zonas se llevan los heridos para el Norte, poniendo en riesgo sus vidas'.
Manifiesta De la Hoz que 'no precisamente' tienen que llevar a los lesionados a la Campbell, porque pueden trasladarlos al hospital de la Universidad del Norte, al Cari, a la clínica Murillo o en su defecto a la clínica La Victoria que están cerca.
En igual sentido se pronunció Juan Carlos Madriñán, gerente de la Porto Azul, ubicada en el corredor universitario, vía a Puerto Colombia.
Afirma estar 'cada vez más sorprendido' porque, pese a que existe una ley de urgencias que señala que la clínica más cercana debe ser la de referencia para los accidentes de tránsito, 'no se está aprovechando' esa cercanía para salvar la vida o atender a los pacientes que pueden estar en grave riesgo.
Esto sucedió el pasado 20 de junio con los cinco heridos del accidente que se presentó en el kilómetro 60 de la Vía al Mar. A pesar de que los lesionados fueron traídos a Barranquilla, ninguno fue llevado a la Porto Azul pese a que era el primer centro asistencial en la zona.
Madriñán señala que es cuestión de 'tener conciencia' de la importancia de los minutos que deben transcurrir desde el accidente hasta el momento que debe llevarse a un paciente a urgencias. 'Cada minuto en una urgencias puede ser de vida o muerte', advierte.
No atienden a un niño
El 25 de junio pasado un niño de 4 años que jugaba en la sala de su casa sufrió un accidente. El multimueble le cayó encima y le fracturó el fémur de la pierna izquierda.
De inmediato sus padres llamaron a una ambulancia que llegó pasados 20 minutos.
Asegura Inírida Tapasco, madre del niño, que una vez en la casa, ubicada en la carrera 34 con calle 57B, barrio Los Balcanes, de Soledad, los paramédicos le preguntaron qué EPS tenía, a lo que ella les respondió que Coomeva. 'Me dijeron que no podían auxiliar a mi hijo porque la competencia de ellos era la clínica Campbell y trabajaban para la clínica La Victoria y se fueron. Además, nos dijeron que no había sido un accidente de tránsito sino un accidente casero y por eso no lo auxiliaron', dice Tapasco, quien tuvo que llamar a otra ambulancia que llegó minutos después y trasladó al menor a la Campbell, donde estuvo internado tres días.
Investigaciones
Los procesos que el Crue ha abierto a los ambulancias, la mayoría propiedad de clínicas, por incumplir los traslados de pacientes pese a las indicaciones del Centro de Regulación de Emergencias, comenzaron en noviembre de 2013. Esta entidad distrital informó a EL HERALDO que ese año a Medical Gold Care le iniciaron 50 procesos; al servicio de ambulancias de la clínica La Victoria, 34; a la Red de Urgencias de la Costa, 23; a Urgemedic, 21 y al servicio de ambulancia de la clínica San Vicente, 2.
En 2014 a Medical Gold Care le abrieron 4 procesos; a La Victoria, 26; a la Red de Urgencias de la Costa, 25; a Urgemedic, 93; a Altos de San Vicente, 17; a Vidacoop, 16 y a Medical Dym le iniciaron 7 procesos. De 2015 no entregaron reporte.
Hasta la fecha, informó el Crue, en unos 83 procesos han aplicado sanciones, pero no informaron a qué empresas ni la cuantía. El valor económico de estas es de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ante las indagaciones de EL HERALDO, la secretaría jurídica del Crue anunció que la semana que comienza sancionará a varios servicios de ambulancias que no acataron las directrices. Estas sanciones corresponderán a casos de 2014.
'Que denuncien los casos'
Gloria Sofía Lamus Rodríguez, defensora del pueblo regional (e), hace un llamado a las personas que han sido víctimas del ‘paseo de la muerte’ para que se acerquen a la entidad y coloquen las denuncias. De acuerdo con la funcionaria, la Defensoría del Pueblo está a disposición de la comunidad para que denuncie los casos y así ellos poder actuar. En concepto de Lamus 'se juega con la vida de las personas' y por ello indicó que la Defensoría solicitará a las autoridades competentes, Secretarías de Salud Distrital y Departamental, así como a la Superintendencia de Salud, que adopten las medidas para que estos casos no sigan sucediendo. La Defensoría del Pueblo, recuerda Lamus, es la institución a la que la Constitución le asigna la misión de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. En este caso le corresponde a la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas 'gestionar las solicitudes y quejas en forma inmediata y de manera oportuna para abogar por la solución del objeto de las mismas ante las autoridades y particulares', señaló.
