El Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, dio marcha atrás y ordenó a los notarios y al registrador de instrumentos públicos de Barranquilla continuar verificando el pago de la estampilla Pro-Hospital de primer y segundo nivel en las transacciones inmobiliarias.
La decisión fue adoptada ayer en Bogotá durante una reunión con el secretario de Hacienda del Distrito, Raúl Lacouture, quien presentó una solicitud de revocatoria de la instrucción administrativa 09 del 17 de julio de 2015.
En dicha instrucción, Vélez estableció que 'a la Alcaldía de Barranquilla no le es dable exigir a los notarios y al Registrador, verificar el recaudo de la estampilla pro hospital en la expedición de certificados de paz y salvo de impuesto predial. En la medida, que no se puede vincular la certificación de paz y salvo de predial con otro pago que no es recaudable...'.
Raúl Lacoture dijo que la administración distrital tuvo la oportunidad de esbozarle al Superintendente Vélez sus argumentos y la información correspondiente al proceso, razón por la cual la Superintendencia definió suspender la actuación administrativa iniciada el viernes y en efecto la estampilla Pro-Hospital en Barranquilla debe seguir siendo revisada por los notarios y los registradores públicos 'en lo que resta de vida de este tributo'.
Según Lacouture, lo positivo es que se pudo reversar la decisión y sigue vigente el cobro de la estampilla.
'Seguiremos dando la pelea jurídica, seguiremos defendiendo el derecho a la salud y la salud digna de los más vulnerables', expresó el funcionario al dar a conocer la nueva decisión de la Superintendencia de Notariado.
En la instrucción administrativa No 10 del 21 de julio de 2015, Vélez señala que el secretario de Hacienda solicitó la suspensión de la anterior disposición 'para coordinar en una mesa de trabajo conjunta la unificación de criterios respecto de la aplicación del tributo en la ciudad, razón por la cual se ha dispuesto la suspensión de la mencionada instrucción administrativa'.
LOS ARGUMENTOS. Entre los argumentos expuestos por Lacouture se encuentran que como queda en evidencia la administración distrital ha emprendido acciones diferentes para aclarar el desarrollo legal y constitucional del tributo, que de seguridad jurídica a los ciudadanos, no solo en la vía de la aclaración del fallo del Consejo de Estado, sino en la vía de la acción constitucional de tutela.
Agrega que adicionalmente se está tramitando ante la Asamblea Departamental la modificación a la ordenanza 070 de 2009, la cual se encuentra en trámite en segundo debate, con el fin de estructurar los elementos del tributo que permitan dar seguridad jurídica, en tanto las acciones judiciales sean resueltas de manera definitiva.
Argumentó además, que el 'fallo a que hace referencia la instrucción administrativa, no ha producido efectos hasta tanto el debate judicial quede cerrado de forma definitiva y el fallo definitivo sea debidamente notificado y ejecutoriado'.
El Distrito también está a la espera de que sea resuelto el fallo de tutela en la sección primera del Consejo de Estado, como el trámite de aprobación de la nueva ordenanza.
' Es claro a que no hay lugar a que el Distrito suspenda el recaudo y cobro de la estampilla a partir de la expedición del fallo de nulidad de los artículos 4 y 5 de la Ordenanza 070 de 2009, como lo señala la instrucción, razón por la cual le solicitamos de la orden de suspensión inmediata a la misma y coordinemos una mesa de trabajo en conjunto con la Superintendencia en la unificación de criterios respecto a la aplicación del tributo en la ciudad', dice uno de los apartes de la carta entregada al Superintendente.
Apoyo del Gobernador
La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, envió una carta al gobernador José Antonio Segebre en la que le pide su apoyo y la de su equipo de gobierno en las discusiones de la nueva ordenanza. 'Estamos seguros que con sus aportes podremos tener un acto legislativo departamental y posteriormente un acuerdo distrital que permita garantizar los recursos en esta causa, como lo es la prestación de unos servicios de salud dignos para todos los barranquilleros y atlanticenses'. Noguera le recuerda que el recaudo de esta renta, por valor de $158 mil millones desde 2009 ha beneficiado a más de 1.200.000 barranquilleros y atlanticenses.
